Año y medio después de entrar en vigor la ley que regula los apartamentos turísticos en la Comunidad de Madrid, se han abierto medio centenar de expedientes sancionadores por supuestamente incumplir con varias de las obligaciones que introduce la norma.
Sobre todo dos, la de un mínimo de cinco noches y la de registrarse como empresa. Dos incumplimientos que ponen directamente en el centro de todas las miradas a plataformas que, como Airbnb, se saltan de manera sistemática estas obligaciones.
De todas formas, los expedientes se han abierto, pero ya veremos si llegan a cerrarse. El propio Gobierno regional no las tiene todas consigo, y lo evidencia el hecho de que los responsables autonómicos de Turismo hayan realizado una consulta a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones para conocer si puede ejercer algún tipo de reclamación en casos de irregularidades.
Y es que pesa lo suyo también el impacto económico que plataformas como Airbnb están teniendo en la economía madrileña, sobre todo en la capital, con esos cerca de 350 millones de euros globales que tuvo en 2014, y que, a buen seguro, rondará los 500 millones al finalizar el pasado ejercicio.
El asunto, pues, resulta tremendamente complicado al tratarse de un tema transnacional, en la medida en que una empresa radicada en San Francisco es capaz de promocionar y ofertar un apartamento en la Gran Vía madrileña a un cliente que vive en Turín.
La nueva ley introdujo requisitos para los apartamentos turísticos como una estancia mínima de cinco noches, la medida más celebrada por el sector turístico tradicional; y la adaptación a las normas sectoriales en materia de seguridad, urbanismo, sanidad, accesibilidad y medio ambiente. Obligaba además a introducir las viviendas de uso turístico en un Registro de empresas turísticas y mostrar una placa identificativa en lugar visible.
La norma respondió a las presiones que realizaron diferentes asociaciones hosteleras de Madrid, que se quejaban de que más de 8.000 de las 70.000 plazas del gremio de hospedaje de la Comunidad eran ilegales y pertenecían a pisos que, a modo de apartahoteles u hostales, se mantenían en la economía sumergida como gran reclamo de turistas extranjeros.
