Hacer compatible la residencia habitual de muchas familias canarias en zonas turísticas con la imagen del archipiélago como destino competitivo y de calidad es la peliaguda tarea que se ha planteado el Gobierno de Canarias.
Para conocer el alcance de este fenómeno de la ‘residencialización’, el Ejecutivo va a realizar un estudio para conocer su alcance real. Todo el mundo sabe que existe y que cada vez tiene mayor implantación, pero se desconocen los parámetros reales de los que partir para intentar solucionar un problema transversal, con gran cantidad de intereses y sectores en liza.
En esa estrategia a seguir, el Gobierno canario buscará el mayor consenso posible, no para ponérselo más difícil a las personas afectadas, que, al fin y a la postre, en muchos casos son propietarios del inmueble que ocupan, sino para hacerles ver la necesidad de que esas viviendas que habitan deben ser de la adecuada rehabilitación, de cara a mejorar la imagen que de las zonas deben llevarse los millones de visitantes que recalan en el archipiélago.
El problema no se resuelve tan solo con marcos legales o instrumentos técnicos. Requiere, además, desarrollar la conciencia ciudadana en cuanto al deber de conservación y rehabilitación, además de incentivar un mejor conocimiento del turismo como principal actividad económica de las islas, y su repercusión sobre el territorio.
Para estudiar las posibles soluciones, se creará un equipo que, si llega el caso, decida si es necesario revisar la normativa para atender la realidad existente de aquellos propietarios que residen en estas zonas turísticas de manera permanente, siempre, claro está, con la vista puesta en el objetivo irrenunciable de mantener Canarias como destino turístico competitivo, sostenible y de calidad.
Resolver la cuestión resultará complicado. Afecta a las propiedades de miles de ciudadanos, con distintas casuísticas que se entremezclan, complejos donde conviven turistas y residentes, multipropiedades o alquileres, y entornos que no están adaptados a sus demandas.
Un problema muy extendido que, en muchas ocasiones, entronca con actividades que eluden la normativa turística, lo que genera inseguridad jurídica y deterioro de calidad, con hoteles y apartamentos que no se han renovado, pero sí que han servido para desarrollar el alquiler de manera sumergida.