Los propietarios de los pisos ilegales, a través de plataformas como Airbnb o Booking que, en Barcelona, no paran de aumentar ante el aumento de turistas tienen, a partir de ahora, motivos para pensárselo dos veces, ya que las multas que se están imponiendo desde el consistorio presidido por Ada Colau resultan realmente cuantiosas, de una media de 15.000 euros.
Ante esta situación, el Ayuntamiento plantea una alternativa. Condonar en un 80% la sanción a cambio de que cedan sus pisos durante tres años para que los servicios sociales municipales puedan disponer de ellos para destinarlos a alquiler social para ser ocupados por familias en situación de emergencia.
El Ayuntamiento condonaría el 80% de la multa a los propietarios sancionados, que además podrían prolongar el alquiler el tiempo necesario para cubrir el 100% de la sanción. Una vez amortizada la multa, el alquiler social lo cobraría directamente el dueño del apartamento. Así pues, tendrán que echar cuentas. Solo los que están siendo capaces de alquilar sus casas todos los días podrían plantearse hacer frente a esa multa. Evidentemente, no la mayoría.
Como prueba piloto, el consistorio ofrecerá esta posibilidad, a partir de septiembre, a los propietarios de los 330 apartamentos turísticos ilegales expedientados en el distrito de Ciutat Vella, uno de los principales afectados por este fenómeno.
En Ciutat Vella se producen actualmente unos 250 desalojos mensuales de media, por lo que cree que esta medida podría revertir en beneficio de las personas más desfavorecidas y a la vez combatir la proliferación de apartamentos turísticos
Actualmente se calcula que Barcelona cuenta con una bolsa oculta de aproximadamente 8.000 pisos turísticos ilegales. La mayoría de ellos, además, se encuentran repartidos entre los barrios de Ciutat Vella, con especial efecto en la Barceloneta. El barrio marítimo donde se hacen más patentes las consecuencias de este descontrol, con una incidencia brutal de la proliferación del turismo de borrachera.
La campaña de inspección para detectar pisos ilegales en el barrio marinero impulsada en el anterior mandato por Xavier Trias revisó todas las viviendas del barrio, más de 8.600 y detectó que 386 de ellas eran destinadas a uso turístico. Más de 200 han pasado ahora tener ahora un uso regular como viviendas de alquiler.
Además del cerco sobre los propietarios de las viviendas, el Ayuntamiento de Barcelona también multará a partir de septiembre a plataformas digitales que ofrezcan alojamiento turístico en la capital catalana, como Airbnb o Booking.
