Éramos pocos y…, ya saben lo que sigue. Lo digo porque mientras en Madrid y Barcelona siguen dándole vueltas a los proyectos de Eurovegas y Barcelona World –que si se fuma, que si no se fuma, que si no hay financiación, que la hay y a manos llenas– en Valencia se están planteando la posibilidad de activar toda una red de casinos, especialmente en la zona de Benidorm. Y ya. Lo que le faltaba a Sheldon Adelson y a Enrique Bañuelos.
No harían falta acometer grandes obras de infraestructuras ni nada. Hay aeropuerto próximo, buenas comunicaciones, el mar y, sobre todo, lo más importante, ni siquiera hay que construir los hoteles. En el señero municipio de la Costa Blanca los hay de todo tipo. Grandes, pequeños, altos, bajos,…
Lo único que haría falta para que mañana mismo pudiera activarse esta posibilidad es que la Generalitat Valenciana, que hasta ahora no ha querido saber nada del tema, escuche las continuas llamadas que, en este sentido, viene recibiendo periódicamente de los empresarios hoteleros de la zona para modificar la vigente ley regional del Juego.
Entre los cambios normativas que habría que superar está el referido a las limitaciones existentes sobre el número de salas de juego permitidas y la distancia que, para su apertura, debe existir entre unas y otras. Además, para la apertura de un casino se exigía una serie de trámites de autorización, pendientes de progresivas prórrogas para seguir su actividad.
Así, un número muy reducido de empresas estaban implicadas en estas actividades y gestionaban todas las salas. Desde hace dos décadas, tres grandes compañías dominan el mercado de los casinos valencianos. Cada uno en una provincia. Acrismatic, Cirsa y Orenes en Alicante, Valencia y Castellón, respectivamente, se reparten los cuatro grandes casinos existentes. Las dos primeras ya se beneficiaron en 2012 del reparto de licencias fruto de la regulación autonómica del negocio de casas de juego.
En el anteproyecto de ley del Juego que se está ultimando se incluye la modificación de la actual regulación sobre la titularidad de las empresas de casinos de juego y de minicasinos, eliminando la obligación de que el objeto exclusivo de las sociedades anónimas sean solo la explotación de un casino y, eventualmente, el desarrollo de actividades de promoción de un casino y de promoción turística, ofreciendo la posibilidad a que grupos hoteleros u otros puedan ser titulares de un casino o contratar operadores.