El informe financiero anual presentado por la inmobiliaria Reyal Urbis ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recoge que, entre los pasados 4 y 15 de febrero, comunicó a 31 de los últimos empleados que restan en la empresa la extinción de sus contratos laborales, en virtud del acuerdo de medidas de despido colectivo aprobadas con la asamblea de trabajadores, y autorizadas por el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid el pasado 26 de enero. El importe pagado a los trabajadores ha ascendido a 2.909 miles de euros.
Las condiciones pactadas para los trabajadores son las mismas que se acordaron para el primer ajuste de personal que abordó Reyal Urbis, el acometido en mayo de 2014 para 60 empleados, la mitad de los que entonces tenía la inmobiliaria, que acaba de sumar tres años en concurso de acreedores, desde febrero de 2013
En el transcurso de este proceso el 13 de enero de 2015 se dictó auto de cierre de la fase común del proceso y apertura de la fase de convenio, dando plazo para la presentación de una propuesta de convenio de acreedores.
Dicha propuesta fue presentada en el Juzgado de lo Mercantil 6 el 13 de febrero de 2015, pero tras atender las solicitudes de subsanación y aportación de documentación adicional posteriores emitidas por el Juzgado, el pasado 25 de septiembre Reyal Urbis recibió notificación del auto por el que finalmente no se admitía a trámite la propuesta de convenio presentada y subsanada.
A principios del pasado mes de diciembre, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría interpuso recurso de apelación contra este auto de inadmisión ante la Audiencia Provincial, estando pendiente de resolución a fecha de formulación de las cuentas anuales.
A pesar de que no parece muy probable que el recurso prospere, los administradores de la inmobiliaria confían en la resolución favorable del recurso presentado, lo que permitiría concluir satisfactoriamente la fase admisión y votación de la propuesta de convenio presentada, superando el concurso de acreedores. Todo ello permitirá reforzar la capacidad del Grupo para hacer frente a sus compromisos financieros y asegurar la continuidad de la actividad.
La presentación de este recurso supone paralizar el proceso concursal casi un año, periodo medio estimado para que la Audiencia traslade el recurso a las partes, resuelva las posibles impugnaciones y finalmente dictamine.
Reyal Urbis recurrió al considerar que la propuesta de convenio que presentó en febrero de 2015 es la única alternativa de la empresa para evitar su liquidación y poder afrontar la deuda de 3.978 millones que soporta.
El informe financiero anual presentado por la inmobiliaria Reyal Urbis ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recoge que, entre los pasados 4 y 15 de febrero, comunicó a 31 de los últimos empleados que restan en la empresa la extinción de sus contratos laborales, en virtud del acuerdo de medidas de despido colectivo aprobadas con la asamblea de trabajadores, y autorizadas por el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid el pasado 26 de enero. El importe pagado a los trabajadores ha ascendido a 2.909 miles de euros.
Las condiciones pactadas para los trabajadores son las mismas que se acordaron para el primer ajuste de personal que abordó Reyal Urbis, el acometido en mayo de 2014 para 60 empleados, la mitad de los que entonces tenía la inmobiliaria, que acaba de sumar tres años en concurso de acreedores, desde febrero de 2013
En el transcurso de este proceso el 13 de enero de 2015 se dictó auto de cierre de la fase común del proceso y apertura de la fase de convenio, dando plazo para la presentación de una propuesta de convenio de acreedores.
Dicha propuesta fue presentada en el Juzgado de lo Mercantil 6 el 13 de febrero de 2015, pero tras atender las solicitudes de subsanación y aportación de documentación adicional posteriores emitidas por el Juzgado, el pasado 25 de septiembre Reyal Urbis recibió notificación del auto por el que finalmente no se admitía a trámite la propuesta de convenio presentada y subsanada.
A principios del pasado mes de diciembre, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría interpuso recurso de apelación contra este auto de inadmisión ante la Audiencia Provincial, estando pendiente de resolución a fecha de formulación de las cuentas anuales.
A pesar de que no parece muy probable que el recurso prospere, los administradores de la inmobiliaria confían en la resolución favorable del recurso presentado, lo que permitiría concluir satisfactoriamente la fase admisión y votación de la propuesta de convenio presentada, superando el concurso de acreedores. Todo ello permitirá reforzar la capacidad del Grupo para hacer frente a sus compromisos financieros y asegurar la continuidad de la actividad.
La presentación de este recurso supone paralizar el proceso concursal casi un año, periodo medio estimado para que la Audiencia traslade el recurso a las partes, resuelva las posibles impugnaciones y finalmente dictamine.
Reyal Urbis recurrió al considerar que la propuesta de convenio que presentó en febrero de 2015 es la única alternativa de la empresa para evitar su liquidación y poder afrontar la deuda de 3.978 millones que soporta.
