Una reciente sentencia en Cataluña ha reactivado la polémica sobre la aplicación estricta de la normativa de habitabilidad, al denegar la cédula de segunda ocupación por motivos como la ausencia de un espacio para tender ropa. La decisión judicial ha generado un fuerte rechazo entre colectivos sociales y expertos legales, que advierten del riesgo de excluir del mercado miles de inmuebles por criterios considerados desproporcionados. Este conflicto pone en cuestión la proporcionalidad de las regulaciones y su impacto sobre el derecho efectivo a una vivienda digna.
Organizaciones como la Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge alertan de que estas resoluciones dificultan el acceso a la vivienda a familias con rentas medias y bajas, en un contexto de elevada demanda. El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las propuestas legislativas para eliminar duplicidades como la cédula de segunda ocupación abren un nuevo frente en el ámbito legal inmobiliario. El caso de Sant Joan Despí es solo la punta del iceberg de una problemática estructural que afecta a decenas de miles de viviendas en todo el territorio catalán.
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La Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge expresa su preocupación y estupefacción ante la reciente decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona. El tribunal ha avalado la política de denegación de cédulas de habitabilidad de segunda ocupación que lleva años ejecutando la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) por razones estrictamente formales y desconectadas de la realidad social.
Esta sentencia hace referencia a una vivienda de 36m2 construida en el año 2011 y situada en Sant Joan Despí (Barcelona), que ha visto cómo se le deniega la cédula por una serie de cuestiones menores sin impacto real. Entre estos motivos se incluye la falta de un espacio exterior para tender la ropa —que los propietarios ya habían resuelto con una secadora eléctrica— así como pequeñas desviaciones en las alturas de algunas estancias que no afectan a su funcionalidad ni a la seguridad. Estas circunstancias, a pesar de ser consideradas como fácilmente corregibles por los técnicos y estar avaladas por informes favorables de arquitectos, han sido suficientes para la desestimación del recurso presentado por los propietarios.
La Plataforma considera esta resolución absolutamente errática, ya que ignora que los pisos construidos antes de 2012 no pueden ser ilegalizados por normativas posteriores. Es decir, no se pueden aplicar normas con carácter retroactivo para retirar el uso residencial a estas viviendas.
Para el portavoz de la Plataforma 2015, el ingeniero y API Jose María Coderch, “es una burla que en el año 2025 se deniegue la posibilidad de vivir en un piso por no tener un hilo para tender la ropa”, lamenta. “Esta forma de bloqueo, disfrazada de rigor normativo, lo que hace en realidad es empeorar el acceso a la vivienda, cronificar la crisis y marginar sectores enteros de la población que no pueden permitirse ni alquilar ni comprar. Es una decisión que atenta contra el sentido común y contra el derecho fundamental de las personas a disponer de un techo digno”.
Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 10 recursos más en proceso.
Ante esta situación, la Plataforma 2015 ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con el objetivo de revertir esta resolución y poner fin a la interpretación arbitraria de la normativa por parte de la Agencia de la Vivienda.
Además, la organización recuerda que la realidad social desmiente la viabilidad de estas resoluciones. En toda Cataluña, miles de personas viven en viviendas sin cédula de habitabilidad de segunda ocupación, con el conocimiento de la propia Agencia de la Vivienda de Cataluña y de los ayuntamientos. Esta situación hace evidente que estas denegaciones y las sentencias que las avalan son, en la práctica, de imposible ejecución. Es por este motivo que la Plataforma defiende en el recurso ante el TSJC que estas resoluciones deberían ser declaradas nulas de pleno derecho.
Paralelamente, la organización continúa su batalla con una decena de casos pendientes en los juzgados desde 2021 para frenar la denegación arbitraria de cédulas y facilitar así el acceso a la vivienda a miles de familias con rentas medias y bajas, jóvenes y colectivos vulnerables.
Además, el pasado mes de enero pidió formalmente al Parlamento de Cataluña y a los diferentes grupos parlamentarios la derogación de la cédula de segunda ocupación para evitar duplicidades administrativas, manteniendo únicamente la Inspección Técnica de Edificios (ITE) como requisito. La resistencia de la Administración catalana a adaptarse a esta realidad no hace más que agravar la ineficacia de sus políticas de vivienda.
De hecho, esta interpretación restrictiva ha provocado ya la ilegalización de más de 32.000 viviendas de segunda mano en el periodo 2013-2023, cifra que se eleva hasta las 73.000 si se tienen en cuenta los datos oficiales de denegaciones y archivos reconocidos por la propia AHC.
