La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico español, especialmente entre los profesionales dedicados al derecho inmobiliario y bancario. La resolución, emitida el 24 de enero de 2024 por la Sala Novena del TJUE, abordó una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Estas cuestiones estaban enfocadas en la prescripción de la acción restitutoria asociada a la declarativa de nulidad de cláusulas abusivas, un tema de gran relevancia tanto para consumidores como para entidades financieras.
David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, ha expresado su decepción ante la sentencia, señalando que ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha abierto nuevas incógnitas en lugar de proporcionar la claridad esperada por los operadores jurídicos. Según Viladecans, la sentencia no ha resuelto muchas de las cuestiones planteadas y ha evidenciado la necesidad de una mayor precisión en las resoluciones del TJUE, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan directamente a la protección de los consumidores y al funcionamiento del mercado hipotecario.
Una de las críticas principales hacia la sentencia se centra en la consideración del TJUE sobre el conocimiento del consumidor respecto a las cláusulas abusivas. La corte ha indicado que la existencia de una jurisprudencia consolidada no implica necesariamente que los consumidores tengan conocimiento de sus derechos, un punto que, según Viladecans, podría entrar en conflicto con el principio de que la determinación del conocimiento es una cuestión de valoración probatoria. Esta posición del TJUE sugiere que la prueba directa del conocimiento del consumidor es prácticamente imposible, lo que lleva a la necesidad de pruebas indirectas para inferir este conocimiento.
La sentencia ha sido interpretada por algunos como un exceso en su intento de proteger al consumidor, al no proporcionar criterios claros para la valoración probatoria por parte de los tribunales nacionales. Esta falta de directrices específicas sobre cómo acreditar el conocimiento del consumidor sobre las cláusulas abusivas deja a los tribunales nacionales en una posición de incertidumbre respecto a cómo aplicar la doctrina del TJUE en casos concretos.
La reacción de Tecnotramit, a través de su director de Asesoría Jurídica, refleja un sentimiento compartido por muchos profesionales del sector legal, que ven en esta sentencia una oportunidad perdida para ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a los consumidores como a las entidades financieras. La crítica no solo se dirige a la falta de resolución de cuestiones clave sino también a la aparente renuencia del TJUE a asumir un papel más activo en la clarificación de las normas aplicables en materia de cláusulas abusivas.
Este debate subraya la complejidad de equilibrar la protección de los consumidores con la necesidad de mantener un marco legal claro y predecible que rija las relaciones contractuales en el mercado inmobiliario y financiero. A medida que el trabajo diario de los tribunales españoles continúe enfrentándose a estas cuestiones, la interpretación y aplicación de la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas seguirá siendo un área de análisis crítico y evolución jurisprudencial.
En este contexto, se hace evidente la necesidad de un diálogo continuo entre los tribunales nacionales y el TJUE, así como entre los profesionales jurídicos y las partes interesadas en el mercado inmobiliario y financiero, para garantizar que la aplicación del derecho de la Unión Europea cumpla con su objetivo de ofrecer protección efectiva a los consumidores sin sacrificar la seguridad jurídica necesaria para el adecuado funcionamiento de estos mercados. La sentencia del TJUE sobre cláusulas abusivas, pese a sus deficiencias percibidas, marca un punto de partida para futuras
