La aprobación por el pleno del Parlament de Catalunya de una proposición de ley para facilitar el desalojo de okupas solo faculta a los ayuntamientos para iniciar el procedimiento judicial.
“Es un nuevo parche que no servirá para acelerar los procedimientos judiciales dirigidos a liberar las viviendas okupadas y, por tanto, a desatascar los juzgados”, advierte Arantxa Goenaga, socia y abogada del despacho Círculo Legal Barcelona.
La proposición de Ley de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal aprobada por el Parlament da la posibilidad a los ayuntamientos de iniciar el proceso de desalojo de okupas que generen molestias al resto de habitantes del edificio, pero solo en el caso de que las propiedades sean de grandes tenedores que no hayan interpuesto denuncia y que, evidentemente, no actúen.
Al margen de la constitucionalidad de la propuesta, este nuevo intento de ponerle coto a la ocupación se queda corto, puesto que deja fuera a las comunidades de propietarios para poder interponer directamente el procedimiento judicial. Para Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, la normativa es un “nuevo parche que no servirá para acelerar los procedimientos judiciales dirigidos a liberar las viviendas okupadas y, por tanto, a desatascar los juzgados”.
La experta asegura que la nueva ley es un “brindis al sol” porque “faculta a los ayuntamientos para iniciar el proceso de desahucio y no a las comunidades de propietarios, que son las que deberían tener potestad para actuar en estos casos”.
Según la abogada, “se ha perdido una gran oportunidad de implicar a las comunidades de propietarios en la gestión de una incidencia que les afecta de un modo directo”. Asimismo, Goenaga indica que “dar esta competencia a los consistorios, además de resultar de legitimidad dudosa por cuanto quien tiene potestad para hacerlo es el propietario y quien debería aprobar esta norma es el Estado, será poco efectivo si no se dota a estos organismos municipales de recursos extra”.
La portavoz de Círculo Legal Barcelona insiste en que “esta sobrecarga adicional podría generar cuellos de botella que dilatarían aún más el requerimiento y, por tanto, el lanzamiento de los okupas y la restauración de la tranquilidad en el vecindario”. Datos recientes del Ministerio del Interior señalan que Cataluña aglutina el 42% de las okupaciones.
“Es hora de atajar el problema para dotar de seguridad al mercado inmobiliario, proteger a los propietarios ante esta situación y crear una red sólida de alternativas habitacionales que hagan poco atractiva la ocupación”, sentencia Goenaga.
