El tope del 2% en la actualización de las rentas obliga a los caseros a no repercutir la inflación en la mensualidad y a responsabilizarse del incremento en el coste de la vida. Alargar está excepción fractura el delicado equilibrio entre oferta y demanda.
“Solo se beneficia a aquellas personas que dejan de pagar y se perjudica a las personas que durante toda su vida han hecho una inversión para poder tener una jubilación tranquila”, reconoce Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho de Círculo Legal.
Las iniciativas que el Gobierno puso en marcha en materia de alquiler para paliar los efectos de la inflación y la guerra en Ucrania han vuelto a prorrogarse. Como consecuencia, algo excepcional que apenas iba a afectar a la sostenibilidad del mercado se está convirtiendo en un conjunto de medidas de corte estructural que podrían fracturar definitivamente el delicado equilibrio entre oferta y demanda.
Precisamente, la desproporción entre arrendadores y arrendatarios es el gran obstáculo que pone de relieve Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho de Círculo Legal: “No se tiene en cuenta que la mayoría de la oferta está en manos de pequeños propietarios que utilizan su vivienda para complementar su pensión o sus ingresos”. De este modo, el tope del 2% en la actualización de las rentas obliga a los caseros a no repercutir la inflación en la mensualidad y a responsabilizarse del incremento en el coste de la vida.
Igualmente, la paralización de los procedimientos de desahucio o de ejecución de lanzamiento hasta el próximo 30 de junio están favoreciendo el fenómeno de la ‘inquiocupación’, tal y como sostiene la experta: “Solo se beneficia a aquellas personas que dejan de pagar y se perjudica a las personas que durante toda su vida han hecho una inversión para poder tener una jubilación tranquila”, indica Goenaga.
Una oferta cada vez más limitada y cara
Un informe de Idealista expone que la oferta disponible de viviendas en alquiler cayó un 17% en España en 2022, siendo especialmente preocupantes los datos arrojados por las ciudades de Madrid (32%) y Barcelona (28%), que son los focos donde se concentra la demanda. Este encogimiento del stock tiene un efecto directo en el incremento de las mensualidades.
“Muchos propietarios están dado un paso atrás retirando sus pisos, poniéndolos a la venta o dejándolos vacíos, para evitar el perjuicio que les suponen estas medidas populistas”, indica Goenaga. Igualmente, la abogada admite que también se multiplican los casos en los que “en vez de renovar, se esquiva el tope del 2% rompiendo el contrato o ofreciendo de nuevo la vivienda a un precio de mercado”.
Urge aplicar proporcionalidad en las medidas
El agravio comparativo frente a los préstamos hipotecarios es realmente llamativo. Las subidas de los tipos de interés operadas por el Banco Central Europeo han disparado el Euríbor, encareciendo las cuotas de las hipotecas variables incluso por encima del 20%, pero “la protección ofrecida a los hipotecados, basada en carencias, alargamientos de plazos y con unos criterios muy restrictivos, dista mucho de la ofrecida a los inquilinos”, recuerda Goenaga.
