GRANADA. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, ha encargado un informe pericial sobre la urbanización Medina Elvira Residencial, por si en su tramitación se infringió el ordenamiento urbanístico.
Se trata, según informaron a Europa Press fuentes del caso, de uno de los últimos trámites pendientes para que concluya la instrucción de la causa, en la que Sánchez está imputado de varios delitos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y el campo de golf anexo a la misma, así como en otras obras que afectaban a la infraestructura de la zona.
El alcalde declaró el pasado 24 de octubre ante el juez, al que afirmó que el Ayuntamiento contó con informes técnicos y jurídicos que ratifican, según dijo entonces a los periodistas, la legalidad del instrumento utilizado para la construcción de las obras en cuestión, el estudio detalle.
Sánchez señaló asimismo que los informes no sólo avalan su actuación, sino que éstos no han sido «nunca» motivo de recurso por parte de la Junta de Andalucía o de otros organismos, como el Colegio de Arquitectos.
En ese sentido, indicó que el instrumento de planeamiento utilizado para el desarrollo urbanístico del campo de golf, cuya finca fue vendida a Vladigolf S.A. el 24 de febrero de 2005, fue el de estudio detalle en lugar del de procedimiento de innovación. Este último, según explicó, podría haberse utilizado en lugar del primero, pero eso no significa que el empleado no fuera el correcto, «puesto que los técnicos municipales y la Junta hasta ahora han considerado que sí».
Por esa razón, el regidor atarfeño, que apuntó su tranquilidad y confianza en la justicia, consideró que el asunto tratado «no es un debate penal, sino más bien un debate de lo contencioso», puesto que lo que se discute, según explicó, es si fue o no el instrumento adecuado el que se usó.
SÁNCHEZ DEFIENDE SU ACTUACIÓN
En cuanto a la «tasa a la baja» aludida por el fiscal en su escrito de acusación en la valoración del terreno, Sánchez señaló que lo que se hizo fue una «defensa a ultranza de los intereses municipales», puesto que en principio se vendieron unos 90.000 metros cuadrados a unos tres millones de euros, y posteriormente se logró vender 600.000 en once.
Según el decreto del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, de las diligencias de investigación penal incoadas a raíz de la denuncia que presentó IU, Ecologistas en Acción y Necesitamos la Vega, a los que se añadieron después más, se deduce que «existen indicios suficientes» para considerar que los hechos podrían constituir dichos delitos.
Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas donde desde el año 2005 se vienen realizando por la empresa Vladigolf S.A. y otras empresas diversas obras de edificación de la Urbanización Medina Elvira Residencial, prevista para 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos anexo a la urbanización y la construcción de una depuradora en el anejo de Caparacena.
Además, hay otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona –la inclusión del Camino de Malacarilla, que conectaba el anejo de Caparacena con el pueblo de Atarfe, en la zona del campo de golf, supresión de una vía pecuaria, vertido de tierras a un barranco, tala de árboles, etc.– o que tienen que ver con la infraestructura del campo de golf. También está prevista la construcción de un hotel en la zona Cortijo Hotel Escuela Armengol.
Todas estas actuaciones se realizan o proyectan en una finca vendida por Proyecto Atarfe –sociedad municipal en forma de sociedad anónima– a Vladigolf S.A el 24 de febrero de 2005 por 3,6 millones de euros, si bien el 4 de marzo del mismo año se inscribió la hipoteca que valoró el terreno en 8,4 millones de euros, algo que es «sorprendente», según el fiscal, ya que es el Ayuntamiento, aunque a través de Proyecto Atarfe, el que «vende una finca por un importe inferior a su valor de tasación en caso de ejecución».
Así, las obras ejecutadas en aplicación a previsiones futuras de cambio de planeamiento «pudieran ser ilegales» por carecer de cobertura legal o por contravenir la actual pero no por su vinculación con una norma que carece de efectos. El futuro PGOU «parece que actuaría más como un instrumento que diera cobertura a las ya realizadas».
