Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas, y su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, serán finalmente juzgados en la Audiencia Nacional por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015, tras haber sido rechazado el recurso de apelación presentado.
En el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía señala que ha sido resuelto el recurso de apelación que interpuso contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas de instrucción seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, acordando continuar con la tramitación de dicho procedimiento.
Esta nueva resolución es un paso más en la tramitación del procedimiento y un hecho ya descontado por la compañía, que permitirá por fin a Urbas demostrar en la fase de juicio la completa legalidad de la operación de ampliación de capital realizada en el año 2015 y disipar las dudas que el inicio de dicho procedimiento ha podido generar en el mercado durante los últimos años, con la consiguiente penalización y afectación sobre su valor de cotización.
En relación a este procedimiento, la empresa considera relevante destacar una vez más que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital y que son objeto de la investigación judicial han sido ratificadas en numerosas ocasiones.
Por un lado, tanto las entidades tasadoras de primer nivel que tasaron inicialmente los activos como el experto independiente de reconocido prestigio internacional nombrado por el Registrador Mercantil para determinar el valor total de la ampliación de capital, así como el resto de profesionales independientes que han intervenido, verificado o controlado el procedimiento de ampliación de capital y la valoración de los activos, siguen ratificando a día de hoy la total legalidad y licitud del procedimiento, así como el valor de los activos aportados a la Compañía mediante dicha ampliación, lo que todos ellos han certificado en el seno del proceso judicial.
Asimismo, las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital fueron además ratificadas en un nuevo procedimiento de verificación iniciado a solicitud de la CNMV.
Este procedimiento se inició en el mes de septiembre de 2017, después del inicio del proceso judicial, y consistió en la realización de nuevas tasaciones de los activos aportados en la ampliación de capital que fueron realizadas por entidades tasadoras de primer nivel diferentes de las que realizaron las tasaciones iniciales.
El resultado de estas nuevas tasaciones fue una valoración de los activos aportados en la ampliación de capital en 528 millones de euros, es decir, 19 millones de euros superior a los valores de tasación de esos mismos activos en la ampliación de capital de 2015.
Además, hay que recordar que Urbas, dentro de sus obligaciones como sociedad cotizada y auditada, tiene la obligación de que sus activos sean anualmente tasados para la auditoría de sus cuentas anuales. Estas tasaciones, que son realizadas, como todas las anteriores, por algunas entidades tasadoras de prestigio internacional que realizan las tasaciones de otras entidades cotizadas inmobiliarias y bajo los mismos métodos y criterios de valoración, han refrendado el valor de los activos para cada una de las auditorías de cuentas anuales de la empresa desde las correspondientes al ejercicio 2015.
Por otro lado, el grupo empresarial informa que los escritos de acusación podrían contener una solicitud de importantes penas hacia las personas investigadas. La compañía y su consejo de administración quieren anticipar esta información al mercado y enviar un mensaje de tranquilidad, aprovechando la ocasión para manifestar su total respeto hacia el sistema judicial, pero con el convencimiento de que demostrarán la completa legalidad y licitud de la operación de ampliación de capital, cuya formalización en el año 2015 fue una actuación esencial y necesaria para garantizar la viabilidad de la Compañía y para alcanzar la actual situación de crecimiento.
