Una de las modificaciones más sustanciales de la suspensión de lanzamientos ha consistido en permitir que ocupaciones calificadas como delito puedan ser amparadas mientras dure el Estado de Alarma, estableciendo sólo una excepción a la suspensión cuando haya mediado intimidación o violencia sobre las personas.
«La última medida del Gobierno protege a delincuentes ocupacionales y ofrece una nueva muestra de lo errático del rumbo de la Administración en esta materia», sostienen desde Tecnotramit.
El Gobierno mediante el Real Decreto Ley 1/2020 ha modificado el Real Decreto 37/2020, aprobado el diciembre pasado, en el que se regulaban las causas de suspensión de los desahucios, si bien se excluía de la suspensión la ocupación del inmueble de carácter delictivo. Según la nueva redacción, la facultad judicial de suspensión se amplía a procedimientos penales en que se tenga que acordar el lanzamiento. Una de las modificaciones más sustanciales suprime la referencia a delito como causa de exclusión de la suspensión, y la exclusión sólo operará cuando haya mediado intimidación o violencia sobre las personas; los otros supuestos de exclusión siguen en pie.
Desde Tecnotramit, afirman que «la medida es un nuevo ataque al sector inmobiliario y al sector inversor». En un momento de crisis galopante, donde lo importante es activar la economía y, por tanto, fomentar la inversión inmobiliaria y no atacar a compañías que están llevando a cabo una actividad empresarial, «se vuelve a adoptar, por enésima vez, una medida de castigo para el sector, simplemente para contentar a unos pocos», sostiene David Viladecans Jiménez, director del área de Asesoría Jurídica de Tecnotramit.
Frente a este cambio, que llega casi por sorpresa, surgen paradojas cuestionables; de hecho, «la modificación del RDL 1/2021 es conceptualmente muy criticable, dado que es inadmisible que una norma legal ampare ocupaciones calificadas como delito», afirma David Viladecans Jiménez. «Es paradójico que con la modificación sea posible amparar una ocupación calificada como delictiva, pero en cambio no se ampare una ocupación para llevar a cabo actividades ilícitas, como si cometer un delito no fuera ilícito», añade.
Excluidas de la posibilidad de suspensión viviendas y segundas residencias
Se trata, pues, de «la última medida del Gobierno para proteger a los delincuentes ocupacionales», según afirma el director del área de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, que aparece además como una «nueva muestra de lo errático del rumbo del Gobierno en esta materia», añade.
Pese a estas modificaciones, cabe aclarar que el Real Decreto Ley 1/2020 no está amparando a las situaciones subsumibles en el delito de allanamiento de morada, dado que la exclusión de la posibilidad de suspensión se mantiene para el caso de ocupación de viviendas o segundas residencias. «Este decreto está pensando en situaciones ocupacionales de inmuebles que no sean viviendas de nadie», evidencia Viladecans Jiménez. Teniendo en cuenta estos datos, esta modificación de la Ley provocaría un aumento de la inseguridad jurídica en el ámbito del arrendamiento.
