El Consell de Govern de las Islas Baleares, a propuesta de la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha aprobado un decreto ley de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, por un importe de 142,82 millones de euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del ejercicio de 2018.
De estos 142,82 millones de euros, el decreto ley prevé que 133 millones se financien con endeudamiento a largo plazo, de manera que se autoriza al Govern de les Illes Balears a emitir deuda pública o a concertar operaciones de crédito para establecer esta financiación.
Los otros 9,82 millones se financiarán por medio de una baja por el mismo importe en la partida presupuestaria de las amortizaciones de deuda financiera del ejercicio de 2018, ya que existe dicho sobrante y se puede aprovechar para cubrir una parte de este gasto sobrevenido. Este decreto ley empezará a regir el mismo día que se publique en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Estos últimos meses se han notificado a la Administración de la Comunidad Autónoma varias sentencias judiciales que suponen la condena a pagar importantes cuantías en concepto de indemnización —e intereses— a favor de los sujetos afectados por la aplicación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.
La Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma prevé la tramitación de un crédito extraordinario o un suplemento del crédito inicialmente previsto cuando por razones de urgencia e interés público tenga que efectuarse algún gasto con cargo al presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades instrumentales del sector público administrativo que no se pueda aplazar hasta el siguiente ejercicio, y para el que no haya crédito suficiente, cuando no sea posible dotarlo mediante alguno de los otros tipos de modificaciones de crédito que prevé la misma ley de finanzas.
Asimismo, el Consell de Govern también ha aprobado el pago derivado de la Sentencia 515/2017 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, por la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo seguido a instancias de Punta Ibiza, S. L., y Mecron, S. L., por un importe de 86.775.013,28 €, de los que 21.833.644,14 € corresponden a los intereses.
Las empresas son propiedad de Rafael Gómez Arribas, quien, con este dinero, hará frente al pago de más de 50 millones de euros para pagar la compra del aeropuerto de Ciudad Real, adjudicado el pasado mes de julio.
Este procedimiento está afectado por una cesión de créditos por parte de las entidades Punta de Ibiza, S. L., y Mecron, S. L., a favor de la entidad Ciudad Real International Airport (CRIA), tal como consta en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 4 y Mercantil de Ciudad Real de 17 de julio de 2018.
Este decreto ley modifica el Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca.
La modificación permite aclarar y simplificar la justificación de algunas de las ayudas en materia de vivienda y otras edificaciones en el sentido de suprimir la exigencia de ejecutar y justificar las obras de reparación o rehabilitación que se realicen en caso de destrucción parcial de la construcción, y también en caso de que esta destrucción parcial no afecte a la estructura del inmueble.
