El consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ha acordado elevar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital un informe jurídico en el que se propone iniciar un procedimiento administrativo para declarar nula la venta a Fidere, la marca con la que actúa el fondo Blackstone, de 1.860 viviendas públicas por 127,5 millones.
Concretamente, la EMVS solicita a la Junta de Gobierno la revisión de oficio por nulidad de la adjudicación de la venta de 18 promociones de vivienda protegida y otros inmuebles no vinculados a éstas, como plazas de garaje y locales comerciales. A partir de ahora, el Ayuntamiento dará audiencia pública a todas las partes y en el que se recabará un informe vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
En definitiva, lo que se persigue es deshacer la operación del 2013, decretar la nulidad de la venta de los inmuebles a los Fondos, porque no se siguió el procedimiento legalmente establecido al efecto, dándose cumplimiento a uno de los compromisos del actual Gobierno municipal. De hecho no es ésta de hoy la única acción que ha llevado la EMVS.
Cuando hace unos meses, la Cámara de Cuentas evacuó el informe que dio pie a la apertura de diligencias previas por responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, la EMVS se personó.
En este informe la Cámara de Cuentas señalaba muy claramente que la venta de las 1.860 viviendas y otros inmuebles, se hizo «sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprado y el órgano de contratación y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores», como es preceptivo.
Entonces, la EMVS manifestó explícitamente su interés en la depuración de hechos y análisis de toda la documentación necesaria para «dirimir la responsabilidad contable» derivada de la enajenación llevada a cabo contra el patrimonio público madrileño.
La EMVS ha mantenido siempre que la enajenación de estas 18 promociones ocasionó un grave quebranto al patrimonio municipal al ser evidente que -como recoge el informe de la Cámara- el importe de la venta fue muy inferior al de mercado.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 31 de enero de 2017 la creación de una nueva comisión de investigación sobre la venta de viviendas públicas a los fondos de inversión.
