La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha atendido a un total de 12.153 familias de Andalucía mediante el sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, entre octubre de 2012, fecha de su puesta en marcha, y finales de 2016. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 1.225 expedientes, en su mayoría en el ámbito de la intermediación.
A través de este instrumento, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses. Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble.
Este sistema desarrolla una labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada y desde finales de 2015, la Junta ha convertido este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido. Este sistema, enmarcado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación, cuenta con la colaboración y con el soporte de las consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia.
De los 12.153 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un total de 1.468 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 9.271 en la fase de intermediación y 1.414 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, de los 1.225 casos registrados, 98 se abrieron en la fase de prevención, 943 en intermediación y 184 en protección.
En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema ha informado a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.
En el servicio de intermediación, los técnicos han asesorado desde octubre de 2012 a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda.
En este ámbito, se dio información sobre las posibles vías de actuación y se medió, tanto con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago, como con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.
Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso.
En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional.
