El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido actuar ante la proliferación de desalojos que se llevan a cabo utilizando la fuerza, las amenazas y sin orden judicial. Se han denunciado ante de la Fiscalía cuatro casos documentados de coacción inmobiliaria y se ha puesto en marcha un protocolo para que todas las áreas municipales implicadas actúen de manera coordinada.
Además, se creará una unidad de la Guardia Urbana en Ciutat Vella para detectar casos de acoso inmobiliario. Finalmente, el Gobierno municipal quiere que se reanude el convenio con la Fiscalía Provincial de Barcelona para actuar conjuntamente y que haya un fiscal especializado en la materia.
Según ha explicado el teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, en la época de la burbuja inmobiliaria proliferaron en la ciudad los casos de acoso para intentar echar de las viviendas a personas con alquileres por debajo del precio de mercado, con prácticas como cortar los suministros, dejar de realizar tareas de mantenimiento en el edificio o no aceptar los pagos.
Ahora el Ayuntamiento actúa delante de las empresas que se autodenominan mediadoras, que se ofrecen a los propietarios de un piso para desalojarlo utilizando la fuerza y las amenazas y sin seguir el proceso judicial pertinente.
Esta práctica «preocupa y mucho» al Gobierno de la ciudad, ha añadido Asens, ya que afecta a personas en situación de gran vulnerabilidad. «Tenemos el deber de dar una respuesta coordinada y eficaz para poder documentar mejor estas actuaciones de cara a denunciar posibles delitos», ha explicado.
Es con esta voluntad que se han llevado a la Fiscalía cuatro casos de desalojos extrajudiciales. Uno de estos es el de Can Dimoni, en Gràcia, que ya está en proceso judicial, pero hay tres más en Ciutat Vella y Sants-Montjuïc que el Ayuntamiento tiene documentados y cree que podrías ser constitutivos de delito. Además, hay tres casos más de los cuales los servicios municipales tienen constancia y en los que se está trabajando.
También se ha hecho llegar a la Fiscalía la voluntad del Gobierno de renovar el convenio de colaboración que ya existía, entre los años 2008 y 2012, entre ambas instituciones en materia de acoso inmobiliario para actuar conjuntamente, compartir datos y que se designe un fiscal especializado en la materia.
