Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha echado para atrás la pretensión de una empresa, en situación preconcursal, de presentar una escritura de hipoteca de una vivienda libre de cargas como garantía para recurrir una resolución judicial. Lo había solicitado ante la negativa de un banco a otorgar un aval.
Se trata de una constructora canaria, que había sido condenada por un juzgado de lo social de Las Palmas de Gran Canaria a indemnizar, con 56.000 euros, a un trabajador por despido improcedente
Los problemas de liquidez de la compañía hacían imposible consignar esa cifra y, ante la inexistencia de aval bancario, decidió plantear la posibilidad de recurrir el fallo empleando como garantía alternativa la escritura de hipoteca inmobiliaria unilateral de un bien libre de cargas con una valoración catastral de 103.493 euros.
Sin embargo, esta opción fue denegada por la situación del mercado inmobiliario de aquel momento -año 2012-, «caracterizado por la fuerte depreciación de los bienes de este tipo y la falta de postores a las subastas judiciales».
La empresa, que para entonces ya se encontraba en situación de concurso voluntario, llegó a plantear varios recursos ante el impedimento de emplear la escritura hipotecaria como garantía alternativa a la consignación judicial. Todos ellos fueron denegados, incluido el último recurso de queja, que fue desestimado por la sala social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias.
Finalmente, la compañía decide acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), recordando la excepcionalidad de su caso, una pequeña empresa familiar en un sector, el de la construcción, «que sufre los más severos efectos de la crisis económica, con falta de demanda de sus servicios, falta de financiación y con balances de explotación negativos». Según denunciaba, tal situación no parecía haber sido tenida en cuenta por los órganos judiciales que le habían impedido recurrir, vulnerándose con ello su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso.
El Constitucional desestima el recurso de amparo fundamentando su decisión en la evolución legal y jurisprudencial habida en la materia. Según aparece recogido en la sentencia, antes de que se admitiese legalmente el aval bancario, se intentó flexibilizar la consignación en metálico en supuestos de empresas con falta de medios o liquidez.
Además, tras la reforma laboral, una vez se aceptó el aval bancario como garantía alternativa a la consignación en metálico, también se han admitido supuestos de garantías alternativas prestadas por el empresario, para no obstaculizar el acceso a los recursos con cargas poco razonables.
No obstante, el TC señala que para aceptar otras garantías, es necesario asegurar la inmediata ejecución en caso de condena. Algo que no sucedería en este caso, ya que si el TSJ hubiera reiterado la improcedencia del despido y el trabajador pretendiera hacer líquido el importe de la hipoteca inmobiliaria aportada, se enfrentaría a unos obstáculos prácticamente insalvables.
