Tras no comparecer las empresas constructoras Azata del Sol y Azata Patrimonio en la sede de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería, para poder formalizar el retracto y cumplir de forma voluntaria la sentencia del Supremo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía va a solicitar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución inminente de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declara legal el derecho de la Junta de Andalucía para ejercer el retracto de los terrenos en los que se asienta el hotel del Algarrobico.
La solicitud ante el TSJA la realizarán los Servicios Jurídicos de la Junta, en coordinación con los del Gobierno de España, en los términos establecidos por el plan de actuación conjunto aprobado por ambas administraciones.
La ausencia de estas dos mercantiles para ejecutar el retracto y acatar así la sentencia del Alto Tribunal pone de manifiesto su falta de colaboración con la administración de la Junta de Andalucía y, lo que es más preocupante, con la Administración de Justicia.
La formalización del derecho de retracto sobre los terrenos en los que se asienta el hotel, es el primer paso, para que una vez que se tenga la posesión de los mismos, se pueda proceder a la demolición del edificio.
Cuando la Junta ejerció en 2006 el derecho de retracto, consignando el precio de compraventa en escrituras en 2,3 millones de euros, se presentaron tres recursos que fueron desestimados por tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), contra las que se anunciaron recursos de casación.
En concreto, Azata Sol y Azata Patrimonio presentaron sendos recursos de casación -el Ayuntamiento de Carboneras nunca llegó a interponerlo- los cuales fueron desestimados el pasado mes de febrero por el Alto Tribunal, confirmando así la legalidad del procedimiento.
Tanto en el Gobierno central como en la Junta reconocen que del TSJA pueden salir varias opciones. Por un lado, los magistrados podrían determinar que no es de su competencia este asunto y que la Junta debe ir a la vía civil.
En ese caso, deberá acudirse bien al Registro de la Propiedad o bien al juzgado de primera instancia que por turno corresponda para el ejercicio del derecho de retracto. Esto abriría la puerta a recursos ante la Audiencia Provincial de Almería y el Tribunal Supremo, en su caso, con lo que la demolición se retrasaría durante años.
En este complicado caso también hay dudas sobre el alcance del retracto que la Junta aprobó en 2006 y que no fue avalado por el Supremo hasta febrero de este año. No está claro si la Junta sería propietaria solo de los suelos o también de lo construido, es decir, del hotel declarado ya ilegal.
