Después de darle mucha vueltas al tema, y analizar las posibilidades de que la iniciativa, sin ser fácil, pueda finalmente acabar teniendo éxito, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de presentar una querella contra el consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que hace tres años tomó la decisión de vender 1.860 pisos protegidos al fondo Blackstone.
La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ya ha echado incluso números. El pleito le puede costar a las arcas municipales unos 30 millones de euros, pero, la edil entiende que merece la pena adentrarse en la querella, ya que el informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Fuentes Bardají abre una vía procesal con una buena base sobre la que apoyarse.
Lo que hace el consistorio capitalino con esta iniciativa es adherirse, además, a la reapertura del procedimiento que se archivó provisionalmente, la presentada por los afectados. Las acciones irán dirigidas contra cualquiera que tuviera responsabilidad en el tema de la venta de las viviendas, aunque en principio se centrarán en las responsabilidades del consejo de la EMVS y, en especial, en su presidente, Fermín Oslé.
Al anunciar la decisión del Ayuntamiento de personarse en favor de la asociación y adherirse al intento de reapertura de la causa archivada, la alcaldesa en funciones recordaba que la anterior EMVS se personó justo en sentido contrario.
Como base de la querella, el Ayuntamiento de Madrid entiende que se hizo una venta absolutamente ilegal, se vulneró la legalidad, tanto la normativa interna de la EMV, como la del propio Ayuntamiento.
El informe de Fuentes Bardají acaba de ser remitido al consistorio y será enviado a los anteriores miembros del anterior consejo de administración de la EMVS. El objetivo es que el PP, a la vista del documento, se adhiera a la reapertura de la querella. Será prácticamente imposible.
El informe ha sido elaborado por el despacho jurídico Fuentes Bardají, tras valorar las ofertas presentadas. Se pidieron ofertas porque que el mismo servicio jurídico que había avalado la venta de las viviendas no podía encargarse de hacer ahora un informe.
La Cámara de Cuentas reveló en un informe que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, vulneró las más elementales reglas de buena gestión en 2013, cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas por 128,5 millones de euros.
El informe indicaba que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
