Ya se conoce la decisión inicial del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -en principio, no vinculante, pero que al final suele serlo- sobre la retroactividad de las cláusulas suelo aplicadas por los bancos españoles en los préstamos hipotecarios. Finalmente, dicha retroactividad se quedará en mayo de 2013, la fecha establecida por el Tribunal Supremo.
Entiende el letrado europeo que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva europea.
Además, reconoce que, en el momento en que se pronuncia acerca de los efectos en el tiempo de su resolución, un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas suelo.
En este contexto, el abogado europeo considera que, a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional.
La decisión ha resultado un tanto sorprendente, ya que ha entrado en contradicción con el criterio de la Comisión Europea que, en la vista oral del pasado 26 de abril, defendía la aplicación de la retroactividad total.
De esta manera, se despeja una gran incertidumbre, tanto para las entidades financieras como para los clientes afectados. Aquellas, ante la eventualidad de que la retroactividad fuera total, desde la firma del contrato, llevaban meses ofreciendo el canje de hipotecas variables a fijas, a cambio de que unas mejores condiciones y de que los hipotecados renunciaran a pleitear en el futuro.
Si el veredicto final del TJUE va en la línea de lo determinado por el abogado general, los bancos se ahorrarán un dineral. Un informe del Banco de España estima que la retroactividad total tendría un coste adicional de entre 5.000 a 7.600 millones de euros para la banca española, más allá de lo que ya le ha supuesto retirar las cláusulas declaradas opacas hasta la fecha.
La banca ya arrastra una factura de 5.269 millones de euros por este último contexto, y de tener que devolver lo cobrado desde 2009 elevaría el coste total a 9.700 millones, sin incluir los 6.200 millones que dejará de cobrar el sector de cualquier modo por no contar con cláusulas suelo efectivas en el periodo 2016 a 2019.
