Garantizar la convivencia en los barrios. Con este objetivo el gobierno municipal presenta un nuevo paquete de medidas para mejorar la regulación y el control de las viviendas de uso turístico que hay en la ciudad.
La principal novedad es que el Plan de Inspección Especial no se detendrá a finales de verano como estaba previsto inicialmente, sino que se alargará el tiempo que haga falta y, además, se extenderá a otros barrios más allá de La Barceloneta. También se ampliarán los tipos de alojamientos turísticos que se inspeccionan, como, por ejemplo, los albergues.
El gobierno municipal ha dado a conocer estas medidas en una Comisión extraordinaria conjunta de Economía, Empresa y Empleo y Hábitat Urbano y Medio Ambiente que ha tratado de forma monográfica la regulación de los apartamentos turísticos.
Para hacerlo posible se doblarán el número de inspectores, que pasarán de 60 a 120. La labor de estos agentes será similar a la que se realizan en las terrazas de la ciudad para comprobar que se adecuan a la nueva ordenanza.
Durante el debate, la teniente de alcalde de Economía, Empresa y Empleo, Sònia Recasens, ha reafirmado la demanda del alcalde de que la ciudad pueda aumentar los efectivos de la Guardia Urbana. Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento pedirá a la Generalitat de Catalunya cambiar el destino de los fondos recaudados por el impuesto turístico para destinarlos a compensar los costes derivados de la gestión del turismo.
Otra medida que también se pondrá en marcha es el endurecimiento de las sanciones para todos aquellos apartamentos turísticos que incumplan la normativa. A partir de ahora, cuando haya más de dos denuncias, se abrirán de forma inmediata expedientes de retirada de licencias. También se abrirá un nuevo cuartel de la Guardia Urbana en el paseo de Joan de Borbó.
Éstas son algunas de las medidas que se incluyen en el Plan Especial de Viviendas Turísticas y que está previsto que se apruebe en octubre. El teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, ha dicho que el Plan Especial “será muy restrictivo” y que se blindarán las nuevas licencias de viviendas de uso turístico en La Barceloneta y “no habrá ni una más”. También ha anunciado que se extenderá al conjunto de la ciudad el teléfono de recepción de llamadas de queja.
Desde el 25 de agosto, cuando se pusieron en marcha las inspecciones de oficio en La Barceloneta, se han dictado 47 órdenes de cese en viviendas que actuaban ilegalmente, de las cuales se ha comprobado que 14 pisos ya han dejado de operar.
Durante estos días se han inspeccionado en La Barceloneta hasta 454 viviendas y, de éstas, se ha constatado que 94 eran viviendas de uso turístico que operaban legalmente.
La concejala de Ciutat Vella, Mercè Homs, ha recordado que ante el problema de La Barceloneta, “desde el primer día se ha dado un mensaje de tolerancia cero”, y ha recordado las medidas que se pusieron en marcha inmediatamente, entre ellas la inspección que ha dado como resultado la imposición de 47 órdenes de cese.
