La venta hace un año de las casi 3.000 viviendas del Ivima al fondo Goldman Sachs, apoyado en la gestión por la española Azora, acaba de iniciar su tránsito por los tribunales con la declaración como imputada de la directora del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), Ana Gomendio. Se le atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado los pliegos de ese concurso.
Y su declaración no parece haber satisfecho lo más mínimo a los denunciantes. De hecho, los letrados de la acusación ya han anunciado la petición al juez para que declare como imputado a Juan Van-Halen, ahora director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.
Gomendio defendió la legalidad de la adjudicación y argumentó que el precio fue más ventajoso porque se trató de una venta conjunta y que eso explica la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender. Asimismo, dijo desconocer algunos aspectos porque cuando llegó al cargo el proceso de venta ya estaba iniciado.
Por su parte, la acusación ha aportado nuevos datos en el sentido de que una de las principales irregularidades del proceso es que la firma que adquirió los edificios es EnCasaCibeles, una nueva empresa que está participada en un 98% por el fondo Goldman Sachs y un 2% por la sociedad de gestión Azora. Y que, según las actas de la mesa de contratación, Goldman Sachs fue una de las licitadoras excluidas del procedimiento porque comunicó su voluntad de no subsanar la documentación.
Tampoco queda claro qué criterios se siguieron para elegir unas promociones y no otras, teniendo en cuenta que la venta conjunta supone un enorme perjuicio patrimonial a la Administración pública y que se hizo a un bajo precio cuando, utilizando a otro método, la ganancia para el erario público habría podido ser mayor. Sobre esta cuestión, Gomendio insistió en que la modalidad ya estaba elegida cuando ella que tomó posesión del cargo.
Asimismo, la acusaciones creen que otro de los elementos que podrían incurrir en la invalidez de la adjudicación es el hecho de que las promociones no se vendieron con todos sus elementos, pues en algunos casos hay locales comerciales que se enajenaron antes o después de la adjudicación. Por lo que cabría la posibilidad de invalidar la pérdida del derecho a compra de las viviendas que los actuales inquilinos tras la adjudicación de sus viviendas.
