Los delitos contra la ordenación del territorio están tipificados en el Código Penal, pero llegar a condenar a alguien por la comisión de uno de ellos resulta harto complicado. Tras años y decenas de recursos, al final, en muchos casos, el resultado siempre suele ser el mismo, que nadie apechuga con la culpa.
Así ha sucedido con el espacio natural protegido de Las Navas del Marqués, en Ávila, recalificado hace una década y en el que se procedió a una tala parcial de los árboles existentes, en una zona incluida en la Red Natura 2000 que afectaba a un Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción.
Casi ocho años después de que, en septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas, ninguno de los veinte imputados ha sido hallado responsable ni de la recalificación urbanística ni de la tala parcial.
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid acaba de absolver a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes, sino únicamente discrepancia técnica, fundamentada y razonada.
Además, la magistrada titular del juzgado recoge en la sentencia que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones, sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica, sin que les resulte de aplicación el tipo penal de la prevaricación urbanística porque las actuaciones enjuiciadas son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010. Y, por lo tanto, solo afecta a proyectos de edificación pero no a instrumentos de planeamiento urbanístico ilegales como el informado en el caso de la Ciudad del Golf.
En definitiva, que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal –ni el alcalde ni el secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, ni el ex delegado de la Junta de Castilla y León, ni los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, ni la entonces consejera regional de Medio Ambiente María Jesús Ruiz–, han sido encontrados culpables. La razón que ellos se limitaban a hacer lo que informaban los técnicos. Y punto.
