Con esto de las subidas permanentes en el recibo de la luz, el que más y el que menos trata de utilizar las escasas estratagemas a su alcance para intentar reducir la factura, pero el asunto no resulta fácil. La rebaja de la potencia contratada está siendo una de las vías. Pero hay más.
Una de ellas pasaba por dar de baja el suministro en la vivienda vacacional, de manera que llegaban, normalmente en los meses de verano, solicitaban el alta y pagaban el consumo durante la estancia estival, evitando así que las facturas resultaran tan onerosas aunque la casa estuviera vacía y no hubiera consumo en la mayor parte del año.
Sin embargo, en las próximas semanas estos consumidores se van a llevar una ingrata sorpresa. Cuando inicien los trámites para solicitar su reenganche a la red tendrán que hacer frente a una “cuota por derecho de acceso”. Es decir, van a ser considerados por las compañías como nuevos clientes y tendrán que realizar un pago por primera conexión.
Este nuevo pago rondará los 200 euros de media, aunque dependerá de la potencia que se contrate. “Los aumentos de potencia se considerarán como un alta adicional y originarán los derechos de extensión y acceso que, en su caso, correspondan al incremento de potencia solicitado”, según se especifica, de manera bastante confusa, en el artículo 28 del Real Decreto 1048/2013, que entró en vigor el pasado mes de enero.
Lo que no resultará confuso será el coste final de la factura. El precio del kilovatio por conectarse por primera vez se establece en el entorno de los 20 euros, lo que supone que para una vivienda tipo con una potencia de unos 5 kilowatios, y sumados los impuestos, el reenganche saldrá por unos 200 euros.
El texto va acompañado de una sucesión de fórmulas matemáticas, que contribuyen a ‘oscurecer’ aún más, al menos de cara a los clientes finales, los aspectos más espinosos de los nuevos precios eléctricos establecidos por Industria para el recibo de la luz.
Así que, al final, por un lado o por otro, las empresas eléctricas siempre consiguen que los marcos regulatorios que aprueban los Gobiernos –el de ahora, el de antes y el que venga– contengan una letra pequeña que satisfaga plenamente sus intereses, los que al final perjudican a los consumidores.
