El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado, tras el Consejo de la Xunta, la puesta en marcha este mes de octubre de un servicio de asesoramiento para prevenir desahucios por ejecución hipotecaria cuando sea posible y para ofrecer alternativas que palien sus efectos cuando se produzcan.
“Seguimos tomando medidas para ayudar y para comprometernos con la situación difícil de las familias amenazadas por un desahucio y, desde las competencias que nos son propias, intentamos poner a su disposición, en primer lugar, una oferta de viviendas de promoción pública para su realojo, en el caso de ser necesario, y una oferta de viviendas en alquiler a través del Programa Aluga. En total, -dijo-, tanto en régimen de promoción pública, propiedad, como en alquiler, tenemos a disposición 500 viviendas en la Comunidad Autónoma”.
Feijóo recordó que Galicia ya fue pionera al firmar un convenio entre la Xunta, la Fegamp y el CGPJ para coordinar conjuntamente medidas para dar respuesta a los casos en los que se detecten supuestos de vulnerabilidad de las familias afectadas por un desahucio. “Hoy seguimos avanzando e iniciamos, dentro de este compromiso, un programa destinado fundamentalmente a intentar prevenir los desahucios”, aseguró.
Feijóo explicó que esta iniciativa implica a cinco consellerías de la Xunta: Vicepresidencia; Trabajo y Bienestar; Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; Economía e Industria; y Hacienda-, a la Fegamp, al Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, al Consejo General del Poder Judicial; y entidades financieras. Y aseguró que tiene como objetivo evitar las situaciones de vulnerabilidad económica y social que padecen los afectados por una ejecución hipotecaria; “evitar los desahucios, cuando sea posible, y reducir sus efectos cuando, inevitablemente, se acaben produciendo”, apuntó.
Asimismo, el programa se dirige la dos grupos de intervención: un grupo formado por personas y familias sin proceso judicial abierto, en el que se llevarán a cabo intervenciones de carácter preventivo para evitar una sentencia que recoja un desahucio; y otro cuyo proceso judicial está ya en curso, en el que se acometerán acciones de intervención con un carácter más paliativo (atención psico-social, orientación laboral, y busca de vivienda alternativa).
Por un lado, este programa facilitará a las personas y familias en riesgo de desahucio, asesoramiento jurídico y económico dirigido a evitar la apertura de un proceso de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Y, de manera complementaria, cuando se produzca una situación de especial vulnerabilidad en un desahucio que ya esté confirmado, los jueces lo pondrán en conocimiento de la Xunta antes de que entre en vigor la sentencia y, en virtud de este proyecto, se les facilitará atención social, servicio de justicia gratuito y apoyo en la busca de la vivienda alternativa.
El nuevo servicio comenzará a funcionar a partir del 15 de octubre y se canalizará a través de una oficina de asesoramiento central situada en Santiago, que estará integrada por dos técnicos especializados en derecho y economía, que asesorarán a los usuarios y realizarán las funciones de mediación con las entidades financieras, y por un trabajador social y un psicólogo.
“Todos los problemas de los que tengamos conocimiento, bien directamente por las familias, o bien a través de los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Galicia, que las pueden evaluar inicialmente, serán atendidas en esta oficina con cuatro profesionales de la Xunta”, dijo.
El responsable del Gobierno gallego destacó que esta iniciativa es complementaria a las que ya ha puesto en marcha la Xunta para asistir a las personas que están a punto de sufrir un desalojo, para así acompañarlas, en el campo judicial o en el previo a la denuncia, a buscar una solución en las entidades financieras o para realojar a las familias que se puedan ver afectadas.
