Se había llevado a cabo alguna experiencia similar en Cataluña, pero no del calado de la que a partir de ahora se va a poner en práctica en Córdoba. Se busca convertir a los procuradores en un primer asidero al que se agarren las personas afectadas por un desahucio en cuestiones relativas a las medidas a las que pueden acogerse para tratar de hacer algo más llevaderas las consecuencias de algo tan dramático como es quedarse sin casa.
Los procuradores locales y el Ayuntamiento de esta capital andaluza han alcanzado un acuerdo para que los procuradores presentes en los procesos de desahucios informen a los Servicios Sociales municipales cuando se encuentren con procesos de lanzamiento donde niños, ancianos o personas discapacitadas se vean inmersas en una situación de clamorosa vulnerabilidad.
Se trata de aprovechar el hecho de que estos profesionales son los primeros en saber la fecha en que va a tener lugar el lanzamiento para cumplir el mandato judicial y, además, acompañan a los miembros de la comisión judicial el día señalado para llevar a cabo el desahucio.
La actuación pasa, siempre y cuando los procuradores hayan sido autorizados por sus clientes y si se observa alguna situación de vulnerabilidad social evidente, por solicitar la suspensión del señalamiento con nueva fecha para dar un tiempo en el que se pueda comunicar a los servicios sociales de la situación de emergencia sobrevenida.
Propiciar, en definitiva, que personas vulnerables, como puedan ser niños, ancianos o discapacitados que se vean inmersos en un proceso de desahucio, cuenten con esta vía para que los servicios municipales estudien su situación y puedan ofrecer los recursos de un alojamiento provisional, ayuda de emergencia o cualquier otro tipo de ayuda económica familiar que sean precisos.
De este modo, a partir de ahora el procurador que sea partícipe en un proceso de lanzamiento deberá llevar consigo un documento para que las personas desahuciadas lo firmen y autoricen así al Colegio de Procuradores a comunicar su caso al Ayuntamiento, garantizando de este modo el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Protección de Datos.
En este sentido, el convenio recoge que el Ayuntamiento deberá utilizar la información recabada por los procuradores exclusivamente para prestar asistencia a las personas afectadas por el lanzamiento, ya se trate de conceder algún recurso o de facilitarles la orientación o asesoramiento oportuno. Para nada más.
