Estaba cantado que el Tribunal Constitucional iba a admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, y así ha sido.
La Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno e invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo presentaba el martes 9 de julio, y dos días después el Pleno del Alto Tribunal lo admitía.
Y ahora qué. Pues que el decreto queda suspendido de forma cautelar, y se abre un plazo máximo de cinco meses durante el que el Constitucional deberá ratificar o levantar dicha suspensión una vez formuladas las alegaciones que estimen pertinentes tanto el Congreso de los Diputados y el Senado, el Gobierno central y el Parlamento andaluz, previa personación en el proceso en el plazo de quince días. El 9 de diciembre vencería el plazo máximo para que el Tribunal Constitucional se pronunciase en uno u otro sentido.
La suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados se produce desde el 9 de julio para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de doce viviendas, propiedad, tras los procesos de ejecución hipotecaria, de Santander, BBVA, Banesto, Popular y Sabadell, entre otras entidades. Expedientes que quedan aparcado hasta que el Constitucional se pronuncie de manera definitiva.
Las dos últimas viviendas incluidas en sendos expedientes fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado miércoles 10 de julio, un día después que el Gobierno presentara el recurso. Se trataba de dos pisos, en Málaga, propiedad de de BBVA y de Deutsche Bank, respectivamente.
Aunque desde el Gobierno andaluz, con la consejera Elena Cortés a la cabeza, se ha tratado de defender un modelo alternativo para proteger a las familias que, por falta de medios, han sido desahuciadas y sin posibilidad acceder a una vivienda, las presiones ejercidas desde los bancos y, sobre todo, desde la Comisión Europea, en relación al impacto negativo que tendría sobre el sistema financiero la ocupación de viviendas vacías, han sido determinantes para que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se decantara en el sentido de recurrir el decreto.
