El Parlamento Vasco ha admitido a trámite la proposición de ley registrada por el PSE para que Euskadi tenga su propia Ley de Vivienda. El documento recoge entre su articulado la expropiación forzosa de viviendas a los bancos en caso de que los pisos estén habitados por personas en “especiales circunstancias de emergencia social” que vayan a ser desahuciadas.
De esta manera se recoge en la Ley la iniciativa que Andalucía ha puesto en marcha a través de un decreto legislativo. La proposición de ley presentada por Bixen Itxaso recoge que se expropie temporalmente el uso de la vivienda a los bancos por un máximo de tres años, un tiempo en el que las personas que sigan viviendo en ese piso tendrán que pagar una renta social nunca superior al 30% de sus ingresos.
Es el punto novedoso de una propuesta entre cuyas claves se encuentra que la vivienda sea un derecho subjetivo, es decir, que los ciudadanos pueden recurrir ante los juzgados en caso de que se vean desprovistos de un hogar, al igual que ocurre en Euskadi en otros ámbitos como el de las ayudas sociales.
El derecho, tal y como está redactado, entraría en vigor paulatinamente, a lo largo de tres años. En el primero, para las familias más numerosas, a partir de tres miembros, con menos de 15.000 euros de ingresos anuales, después se incluiría a las unidades de dos personas con menos de 12.000 euros anuales y, finalmente, se incorporarían las personas que viven solas con menos de 9.000 euros al año.
La propuesta, abierta ahora a modificaciones que planteen los grupos parlamentarios, va en contra de lo que el Gobierno y el PNV quieren. EH Bildu y UPYD salvaron la propuesta socialista de una quema idéntica a la que sufrió la proposición de ley del PSE de Ley Municipal. Lo hicieron con un solo voto de diferencia, el de UPyD, respecto al bloque PNV-PP, que censuró con dureza la iniciativa.
El Ejecutivo estableció su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley por cuestiones económicas y porque este no contó con el consenso pertinente. Un argumento que los socialistas ridiculizaron acto seguido, recordando que el Gobierno anterior recibió un premio de las Naciones Unidas por el extenso proceso de participación que precedió a la ley. La última razón esgrimida es que el Gobierno está elaborando un anteproyecto de ley de vivienda, pese a que aún no ha hecho público su calendario legislativo.
