Madrid. Hecha la ley, hecha la trampa, dicen. Con el tema de la concesión de la residencia a extranjeros que compren una casa en España por un precio superior a 500.000 euros –veremos si esta es la cantidad final, ya que algunas voces acreditadas ya han dejado caer que resulta excesiva para tal y como está el mercado– el Gobierno no quiere que esto suceda, y por ello ha puesto algunas condiciones, recogidas en la nueva ley de emprendedores.
La de mayor calado para ejercer este control que la inversión se mantenga durante un mínimo de cinco años, de manera que durante ese tiempo no se pueda vender. Si lo hiciera, perdería automáticamente el permiso. Habrá que ver dentro de unos años el grado de cumplimiento de esta medida de control.
Los cinco años regirán también para los extranjeros que compren deuda pública por una cantidad superior a los dos millones de euros. Esta opción de obtener la residencia está sujeta a los mismos plazos que la compra de una vivienda. Durante ese periodo de tiempo, el inversor contará con un permiso de residencia no permanente. Así, el primer año tendrá un visado provisional y luego obtendría un permiso de residencia transitorio de dos años, prorrogable otros dos. Transcurridos los cinco años el inversor obtendrá el permiso de residencia permanente.
No obstante, los extranjeros que compren vivienda no tendrán acceso a la sanidad y a la educación pública durante los cinco primeros años, ni tampoco obtendrán un permiso de trabajo. No se trata de dar papeles por comprar una casa. Se trata de conceder un permiso de residencia que lo único que lleva aparejado es no tener que revisar los visados cada 90 días para los no comunitarios.
La inversión en un inmueble, residencial o de otro tipo, tendrá que hacerse con 500.000 euros traídos de fuera de España, y no servirá con propósito de residencia que se pida un crédito en una entidad española.
En relación con otros aspectos de la norma, como el aumento a locales de 500 metros de la llamada licencia exprés, que permite abrir determinados negocios sin necesidad de determinadas licencias municipales, se contempla aumentar en el futuro tanto la superficie como el tipo de negocios si se comprueba el éxito de esta iniciativa. Así se hizo ya al pasar de 300 a 500 metros cuadrados la superficie de los locales que pueden acogerse a este mecanismo de facilitación, y ampliarlo a actividades como los supermercados de barrio.
