El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha asegurado en el Parlamento que la nueva Ley de Costas que se está tramitando en las Cortes Generales supondrá una "una menor protección del dominio público a la vez que genera falsas expectativas y plantea enormes dificultades de aplicación para las administraciones competentes" (locales y autonómicas).
Asimismo, ha subrayado que el compromiso del Gobierno andaluz es "preservar y proteger el litoral ante desarrollos inadecuados", ya que el potencial de la franja costera requiere de su revitalización como espacio de interés general.
Para el consejero, la modificación de la Ley de Costas del Gobierno central, que propone la reducción de la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en determinados supuestos, significa "un importante retroceso respecto de la normativa autonómica, estatal y comunitaria desarrollada en los últimos años".
En este sentido, ha añadido que con este proyecto de ley, "estamos legislando en el año 2013 de una forma más regresiva a como lo hizo España en 1988, lo cual es desde un punto de vista medioambiental francamente sorprendente, por lo que no nos parece un instrumento adecuado para la protección del medio ambiente".
Esta nueva norma puede suponer además la invasión de competencias, ya que, según ha explicado Planas, implicaría que donde se reduzca la actual zona de servidumbre de 100 a 20 metros, en la franja de los 80 metros restantes la protección u ordenación forma parte de las competencias urbanísticas y, por tanto, ya no corresponde al Gobierno central sino a la Junta y a los ayuntamientos.
Por ello, se pueden generar conflictos de interpretación entre la normativa urbanística y la de Costas. En este sentido, ha añadido que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que, para que un suelo pueda ser considerado urbano, debe estar ya consolidado al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación, mientras que la nueva norma fija como criterios para reducir la zona de servidumbre que estuviera ocupado por un tercio de la superficie en 1988. La posible regularización de las edificaciones en esta franja estaría en todo caso supeditada a lo que establezca el planeamiento urbanístico y la normativa autonómica.
Según ha explicado Planas, el texto va a suscitar además "falsas expectativas y una gran confusión a la ciudadanía", ya que esta norma no puede modificar los criterios para la clasificación del suelo, que son competencia exclusiva autonómica. En virtud a esta responsabilidad, la Junta está trabajando en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que se extiende a los primeros 500 metros desde el dominio público y que tiene como principal objetivo la protección de esos suelos.
Asimismo, Planas ha recordado que más del 50 % del litoral andaluz cuenta ya con planes de ordenación del territorio aprobados por el Consejo de Gobierno, que fijan una franja de protección de 200 metros, por lo que en principio "no estarían afectados por esta nueva norma".
Por último, ha resaltado que esta ley va a suponer también una "enorme complejidad de aplicación" para las administraciones competentes (locales y autonómicas), ya que van a ser éstas las responsables de verificar la existencia de edificaciones en 1988 que cumpliesen algunos de los requisitos exigidos para su regularización, como el grado de consolidación y servicios existentes, entre otros.
