Madrid. Si tanta gente hay desahuciada y con tanta necesidad de vivienda, está claro que algo no cuadra a la vista de las escasas peticiones que se han realizado para acceder a uno de los casi 6.000 inmuebles que bancos, ayuntamientos y otras entidades ofrecen a través del Fondo Social de Viviendas.
Se comenta por parte de algunos que las 430 únicas ofertas hechas, apenas el 8% del total, obedece al hecho de que la gente no ha tenido la oportunidad de conocer esta vía de obtención de una vivienda, aunque se trate de un argumento con poco peso al comprobar cómo solo Bankia ha recibido 345 solicitudes. Y si a Bankia sí han llegado, podría haberlo hecho a las demás entidades.
Más bien, a la vista de tan escasa acogida, habría que ver la ubicación donde se localizan las viviendas, el estado en que se encuentran y, claro, el precio por el que se alquilan, porque da la impresión, a bote pronto, de que los hasta 400 euros mensuales de renta para familias con escasos recursos pueden resultar en muchos casos excesivos.
En principio, para optar a las viviendas de este Fondo los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
Condiciones que tienen toda la pinta de relajarse en un futuro, como así lo ha dejado caer el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, al comentar que si se detecta que con los requisitos actualmente exigidos no se asignan las viviendas, se flexibilizarían para que los pisos puedan ser atribuidos a más personas.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto de manera continua y cada mes y medio se valoran las solicitudes presentadas. Está previsto que, al menos, se puedan presentar solicitudes durante dos años desde la creación del fondo el pasado 17 de enero.
El procedimiento de solicitud de un alquiler de una de estas viviendas, que se prolongará durante un máximo de mes y medio, se inicia cuando la persona desahuciada acude a la entidad de crédito que ejecutó su hipoteca y presenta un formato de solicitud en el que declara y acredita que cumple los requisitos socioeconómicos.
Tras la valoración preliminar de la entidad de que se cumplen dichos requerimientos, ésta informa al Ayuntamiento correspondiente para que sus servicios sociales estudien la solicitud. Finalmente, se procede a la adjudicación de la vivienda y a la firma del contrato.
