Sevilla. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha remitido una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que le reclama mayor protección para los trabajadores autónomos en riesgo de desahucio o que han perdido ya su vivienda debido al impago, con causa justificada, de las cuotas de la Seguridad Social. Según la consejera, la reforma laboral y la política de recortes del Gobierno central están causando un perjuicio terrible a los trabajadores autónomos, que en miles de casos están perdiendo su negocio, y como consecuencia de ello su vivienda.
La Consejería, en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, abrió en octubre de 2012 oficinas en las ocho provincias andaluzas para ofrecer prevención, intermediación y protección a personas en riesgo de desahucio o que ya han visto lesionado su derecho a la vivienda, que atendieron, entre el 8 de octubre y el 25 de enero, a 1.832 personas. Generalmente se trata de deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos, en las que la gestión recaudatoria sigue el procedimiento establecido y sitúa a estas personas frente al embargo y posterior subasta de su vivienda.
La consejera señala que es muy injusto que en la actual situación de la crisis económica una administración pública pueda llegar a privar de su vivienda a una familia, por no poder hacer frente a una deuda generada por un empobrecimiento sobrevenido, directamente atribuible al deterioro general de la economía y del mercado laboral.
Firma del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda
Es un instrumento puesto en marcha por la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que implica la atención a la ciudadanía desde oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.
En la actualidad son ya 50 municipios los adheridos para luchar contra los desahucios, a los que hay que sumar la Diputación de Huelva.
En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se compromete, mediante sus servicios sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.
Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual. Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
