viernes, 24 mayo 2024

1,4 millones de firmas pidiendo la dación en pago irán a la basura ¿o no?

Madrid. Cuando esta tarde salga el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, del Congreso de los Diputados, en la sesión a puerta cerrada que se han montado, llegará el turno de uno de los debates que más expectación han levantado en los últimos años. En él se votará si Sus Señorías tienen a bien admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular que, para cambiar la Ley Hipotecaria, ha sido avalada por 1,4 millones de firmas.

La iniciativa, con el anunciado voto en contra del Grupo Popular, está destinada a acabar en el cubo de la basura del hemiciclo, pero el respaldo popular que la medida ha supuesto seguramente no lo hará, y las acciones en la calle y a través de las redes sociales, como única salida y medio de presión, continuarán.

Curiosamente, en la misma sesión, el Grupo Popular sí dará su apoyo a otra ILP, la regular la fiesta de los toros como bien de interés cultural, a pesar de que esta propuesta ha recabado menos de la mitad de las firmas de lo que lo ha hecho la iniciativa por la dación.

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La propuesta de mínimos de la ILP aboga por la dación en pago retroactiva, la paralización de todos los desahucios y la promoción de alquileres sociales de todas las viviendas vacías en manos de los bancos. Un planteamiento respondido por el Grupo Popular en el sentido de que ya existe una alternativa planteada desde el Gobierno con los dos reales decretos aprobados y la tramitación de un proyecto de ley para abordar el problema de los impagos hipotecarios por parte de familias sin recursos.

Entre las presiones, si es que le hacían falta muchas al Gobierno, para tener en cuenta esta iniciativa, una reciente, la de la agencia Moody´s, que ha dejado caer que no le gusta que se modifique la actual regulación del mercado hipotecario español, porque los cambios restan garantías a los inversores en productos de deuda bancaria respaldados por estos préstamos.

De hecho, ni siquiera está muy conforme con algunos de los cambios realizados por el Gobierno, como esa imposición de un tope máximo de treinta años a los préstamos hipotecarios que, si se hiciera extensible a las titulizaciones ya emitidas, haría que muchas hipotecas que ahora sí valen como garantía ya no serían admisibles.

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