Madrid. El presidente de Anpier, Miguel Martínez-Aroca, se ha reunido en Bruselas con la Secretaria General del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER), Natalie McCoy, para analizar la situación que atraviesa la energía solar fotovoltaica en España.
Martinez-Aroca ha explicado a esta institución como el Gobierno español, a través del RD 436/2004 y del RD 661/2007, promovió la inversión en renovables, con el objetivo de implantar y desarrollar estas tecnologías, cumplir con los compromisos internacionales de emisiones de CO2 e iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible en línea con los objetivos marcados por Unión Europea para el 2020.
Pero que, en el año 2010, una vez realizadas las inversiones, el mismo Gobierno cambió radicalmente su política y, a través de dos normas retroactivas, RD 1565/2010 y del RDL 14/2010, dejó sin viabilidad a estas iniciativas, que registraron una perdida media de hasta un 30% de ingresos a la que, desde el pasado 28 de diciembre, hay que sumar una nueva carga impositiva del 7%. Una situación insostenible que llevará a la quiebra al 80% de las plantas españolas de energía solar fotovoltaica, todas las que tienen financiación ajena.
Anpier ha denunciado ante esta entidad lo que considera una Estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de 55.000 familias españolas, que ahora no obtienen el retorno prometido a través del propio Boletín Oficial del Estado, una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se han cambiado las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba.
España carece de un modelo energético sostenible y de futuro, cuestión clave para el desarrollo, la competitividad y el bienestar social. Las grandes compañías españolas de energía ejercen una evidente influencia sobre las regulaciones internas, lo que obstaculiza la definición de un modelo eficiente y sostenible al servicio del ciudadano.
Las resistencias a modificar el actual escenario energético español, a pesar de sus alarmantes deficiencias, han llegado al extremo de la denostación pública de las energía renovables por parte el oligopolio eléctrico y de algunos altos responsables de la Administración central, que incluso se han atrevido a cuestionar la viabilidad de estas nuevas fuentes e incluso a responsabilizarlas del déficit de tarifa.
