Madrid. Medio millón de familias están ahora mismo en vías de quedarse en la calle en los próximos meses porque no han podido afrontar los vencimientos del préstamo hipotecario y las entidades financieras, tras ejecutar la garantía, están a punto de quedarse con esas viviendas.
Miles de familias que están pendientes de que los políticos saquen algo en claro, pero ya sin más demora, de las reuniones que están manteniendo. No se puede modificar la Ley Hipotecaria de la noche a la mañana, pero sí articular medidas urgentes, en forma de moratoria, alquileres sociales temporales, o las que sean, para que este verdadero drama social se amortigüe de alguna forma.
No obstante, el asunto no resulta fácil de tratar. Las entidades financieras están en su derecho a la hora de ejecutar un préstamo hipotecario, y, además, la demora burocrática no juega precisamente a su favor.
Así, solo un principio de acuerdo es a lo más que pudieron llegar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que ambas han mantenido para ver qué se puede hacer. A partir de aquí, hoy mismo el Gobierno se va a reunir con las entidades financieras para que faciliten los datos sobre las dimensiones de sus políticas de embargo. Y el próximo lunes, una comisión de seis expertos (tres del Gobierno y tres del PSOE), mantendrán una reunión para evaluar las propuestas recibidas. Después vendrán más reuniones, y mientras los desahucios seguirán produciéndose a razón de unos 500 cada día.
Un primer paso a tomar ya podría ser el de abordar con especial cuidado los casos de los sectores más necesitados y vulnerables, como las familias con niños o mayores a su cargo. Se trata de que el Código de Buenas Prácticas se aplique de una manera mucho más flexible de lo que lo se está haciendo.
El otro gran asidero al que las familias a punto de ser desahuciadas intentan asirse es directamente el de los jueces, los que al final dictaminen el alzamiento definitivo del inmueble. Y por aquí se ha abierto alguna rendija, aunque también es cierto que el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni siquiera dio pie a que se abriera de par en par.
Una vía de solución, preventiva y paliativa, la que se ha abierto con las conclusiones del informe realizado por seis jueces, que acaban de hacer suyas los jueces decanos de toda España, reunidos en Barcelona.
Un documento que plantea, entre otras cuestiones, cambios en la Ley Hipotecaria, el incremento del porcentaje mínimo, del 60%, para que las entidades bancarias se queden con los inmuebles al final de las subastas, cuando no hay postores, y, algo muy importante, que los tasadores sean absolutamente independientes de la banca. También que se eliminen las subastas notariales, de la que han tirado los bancos de manera indiscriminada, por carecer de un límite mínimo para la adquisición por la entidad financiera en los casos en que no haya otros postores.
