Madrid. El asociacionismo voluntario y no monopolístico en el ámbito profesional puede llegar a ser enormemente beneficioso para la proyección, la protección y la formación de los socios pertenecientes a la agrupación profesional formada. Precisamente las primeras asociaciones profesionales de las que se tienen registros históricos pertenecen al ámbito de la edificación, cuando los distintos gremios de aparejadores o maestros canteros se agrupaban para transmitir los conocimientos acumulados a los aprendices que se iban incorporando a los talleres de maestros más experimentados. En aquellos tiempos, el asociacionismo surgió como preludio de las escuelas de formación y las Universidades, pero siempre manteniendo dos puntos esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier asociación o empresa: por un lado, el carácter no coercitivo y voluntario de las asociaciones formadas, y por otro, el carácter no monopolístico ni institucional de las mismas, lo que garantizaba la existencia al unísono de diversas escuelas y asociaciones en libre competencia para beneficio de los profesionales de los distintos gremios, pues mediante la diversidad de escuelas y asociaciones, éstos podían mantener la libertad de elección en función de la calidad de las mismas, lo que a su vez servía como acicate para que éstas mejoraran sus servicios.
Al mismo tiempo, mediante el asociacionismo profesional voluntario y no monopolístico, se permitía la existencia de profesionales independientes, de carácter más individualista, que con el paso del tiempo llegaron a formar sus propias escuelas y asociaciones, o que por el contrario se mantuvieron siempre al margen de grupúsculos y gremios, constituyendo por sí mismos una firma de renombre y prestigio avalada precisamente por la calidad de sus obras y servicios.
Mediante dicho sistema de libertad plena de asociacionismo o individualismo se han llegado a realizar tanto las mejores obras de arquitectura, urbanismo e ingeniería civil, como las asociaciones profesionales de mayor calidad en la formación y la protección de los intereses de los asociados. En efecto, el carácter no coercitivo y no monopolístico de éstas obligaba a que los servicios prestados fueran de la calidad suficiente como para satisfacer las exigencias de los asociados; de lo contrario, éstos dejarían de serlo y migrarían a otra escuela o se mantendrían en la independencia. No existe mejor control regulador de la calidad de los servicios y productos que ofrecen empresas y asociaciones que la libertad de elección del consumidor en libre competencia y sin coacción.
Pero a día de hoy en España, los Colegios Profesionales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Caminos son de carácter obligatorio, monopolístico e institucional. Lo que significa que ningún profesional de dichos ámbitos puede ejercer la profesión sin estar colegiado en dichas asociaciones, sin pagar las cuotas varias que éstas aprueban, y sin amoldarse a los protocolos de actuación que consideran de motu propio. Estos privilegios, unidos a subvenciones e intereses varios, han conllevado que a día de hoy, los Colegios Profesionales de estos ámbitos degeneren en una asociación parasitaria más que vive a expensas de los profesionales liberales prestando unos servicios cada vez peores, aumentando los gastos y las tasas, y estableciendo unos protocolos de actuación enormemente burocratizados e ineficientes, lo que unido a la gravísima crisis económica que padecen dichos profesionales, está provocando la extinción de los que todavía se mantienen en activo. Los Colegios Profesionales deben perder su actual carácter coercitivo, monopolístico e institucional por el bien de las profesiones que pretenden defender y que realmente no hacen más que perjudicar.
Como se ve, no estamos defendiendo la desaparición de los Colegios Profesionales, pues el derecho de asociacionismo es absolutamente legítimo y en muchas ocasiones necesario, sino la eliminación de los privilegios que actualmente ostentan algunos Colegios y que sólo perjudican al buen funcionamiento de los mismos y a los colegiados que ejercen la profesión. De llevarse a cabo tal medida, eliminaríamos una de las principales fuentes de expolio y control coercitivo a los profesionales en activo, dejando a partir de entonces las puertas abiertas a la existencia de múltiples asociaciones y Colegios Profesionales ofreciendo sus servicios en libre competencia, con carácter voluntario y por supuesto no institucional, de modo que sus gastos fueran sufragados íntegramente con las cuotas de los socios inscritos y las donaciones voluntarias recibidas. Y por supuesto, también permitiéndose el libre ejercicio profesional de manera independiente a cualquier asociacionismo.
En ningún caso esta eliminación de privilegios casi feudales conllevaría una situación de inseguridad y anarquía en los servicios profesionales prestados, sino todo lo contrario, pues por un lado los Colegios Profesionales con carácter no coercitivo, no monopolístico y no institucional, seguirían prestando unos servicios cada vez más eficientes como posible garantía de cara a los clientes, lo que tampoco impediría que profesionales independientes se ganaran dicha confianza con el buen hacer de su trabajo, en vez de limitarse a visar esperpentos para hacer caja, como ocurre habitualmente; y por otro lado, tenemos que recordar a los lectores que actualmente los Colegios Profesionales a los que hacemos mención no suponen ninguna garantía ni del buen hacer ni de la calidad de los servicios que prestan los colegiados, porque los protocolos de control de los mismos se resumen al estado corriente de los pagos de los colegiados y al visado de una multitud ingente de documentación que no es revisada más que en su carácter formal de presentación. Precisamente son los seguros de responsabilidad civil, la experiencia, formación y seriedad de los profesionales, y en su caso, los Ayuntamientos en la concesión de Licencias, los que garantizan la correcta ejecución de las obras.
Los Colegios Profesionales en su estado actual sólo intervienen para hacer caja, tráfico de influencias entre los allegados a los máximos dirigentes, y dilapidar dinero en inversiones inmobiliarias como si fueran empresas de inversión y no asociaciones profesionales. Y todo ello gracias a los privilegios que les han sido otorgados institucionalmente. Acabemos con esta vergüenza.
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