lunes, 22 julio 2024

El PSOE propone una reducción a 30 años de la hipoteca y tasación máxima del 80%

Madrid. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado el borrador de la Proposición de Ley contra el Desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar, que han elaborado para el Partido Socialista un grupo de expertos y que ahora -como novedad a repetir en otros proyectos de alcance de su Grupo-, se abre a un periodo de aportaciones que puedan realizar los ciudadanos y todo tipo de asociaciones, con idea de mejorarlo y enriquecerlo.

La iniciativa pretende ahora evitar el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar mediante una serie de medidas como impedir que la hipoteca sobre la vivienda habitual cuente con un crédito de un plazo superior a 30 años o con un principal que supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

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En un acto en Fuenlabrada, Rubalcaba ha explicado que esta ley persigue como objetivo fundamental “que el ciudadano no pierda su vivienda” y que lo logre mediante una “renegociación de la hipoteca”, de manera que se le apliquen “las mismas condiciones flexibles que tiene un empresario, un comerciante o un autónomo para pagar una deuda y salvar su negocio”.

Esto es, que “cuando alguien tenga una hipoteca y no pueda pagarla por razones sobrevenidas”, pueda buscar “condiciones mejores” y “que eso le permita mantener la vivienda”. Es lo que en los países en los que ya funciona, laman ley de “segunda oportunidad”.

Como explicó Rubalcaba, se trata de una fórmula que va más allá de la dación en pago, porque “evitaría el hecho traumático para la gente que es abandonar la vivienda que quiso comprar y en la que ha invertido una parte de su vida”.

Además de esta “salida negociada”, la ley apuesta también por “garantizar que los derechos de los deudores y de los acreedores están equilibrados”, porque –como explicó Rubalcaba- “ahora hay condiciones terriblemente draconianas que son favorables a los bancos”, y modificar el código de buenas prácticas existente en dos sentidos: haciendo que este convenio de acreedores sea “obligatorio” en el caso de “los bancos que tienen ayuda del FROB, -porque “si un banco tiene ayuda pública para tiene que tener el mejor comportamiento con los ciudadanos que tienen problemas con sus hipotecas”-; y permitiendo “que haya más familias” que puedan acogerse a él.

En definitiva, se trata de que “el ciudadano que tenga dificultades para pagar una hipoteca tenga exactamente las mismas posibilidades que tienen las empresas cuando tienen dificultades para pagar sus deudas”. “Igual que la ley trata de salvar las empresas, nosotros queremos que se preserve la vivienda antes de ir a la ejecución”, mediante “pactos y acuerdos que permitan renegociar la hipoteca”, insistió Rubalcaba.

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