Barcelona. La vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, que ha intervenido en la jornada sobre ‘Derecho a la vivienda’, convocada por la Mesa del Tercer Sector, ha pedido un cambio legislativo que “libre a los ayuntamientos del cobro de la plusvalía en el caso de desahucio”. En su intervención, explicó las líneas con que se trabaja desde Diputación de Barcelona: nuevas herramientas para los profesionales de los servicios sociales y establecimiento de alianzas con los ayuntamientos, los colegios de abogados y procuradores, y la Generalidad de Cataluña.
La también responsable del Área de Atención a las Personas ha explicado cómo en el año 2011 hubo en la demarcación de Barcelona una media de 37 ejecuciones iniciadas y 18 desahucios cada día. En este sentido, ha pedido un cambio legislativo que acabe con el cobro de la plusvalía en los casos de desahucio. “Este cambio debe ser posible. La legislación debe adaptarse a las situaciones actuales”, apuntó.
Conesa ha pedido también que mientras este cambio no se haga, sean las entidades financieras las que se hagan cargo. En su intervención, también ha pedido a las entidades bancarias que hagan el retorno en responsabilidad social corporativa hacia este sector como valor añadido, llevando adelante proyectos de creación de parque público de vivienda.
De las nuevas políticas públicas de vivienda, Mercè Conesa ha explicado que pasan por otorgar poder “a los profesionales de los servicios sociales, que son los que están atendiendo desde la primera fila las familias afectadas, y obtener más herramientas de apoyo, de mediación y negociación”.
Igualmente, explicó que la Diputación trabaja de forma transversal en apoyo de los ayuntamientos en la línea de dar “orientación y acompañamiento a la ciudadanía sobre la parte financiera, jurídica y social, y que sea una intervención útil y personalizada”. Por ello, también ha pedido “crear alianzas con los ayuntamientos, los colegios de abogados y procuradores y la Generalidad de Cataluña”.
En su discurso, Mercè Conesa, ha definido el encuentro como la oportunidad de contar con un “espacio de debate entre administraciones y entidades sociales en torno a una de las grandes problemáticas que afronta hoy la ciudadanía: el acceso y el mantenimiento del vivienda”.
