Madrid. La próxima semana las empresas empezarán a cobrar las deudas impagadas de las Administraciones Públicas tras la firma del préstamo sindicado suscrito por 26 entidades financieras. Pero existen dudas acerca del cobro de todas las deudas existentes. Sobre todo, en dos casos. Los impagos de los 2.000 municipios que no se adhirieron al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, y también aquellas contratas cuyo proceder, dentro de este plan no queda nada claro.
En el primer caso, está por ver si el Estado, como ha prometido, garantiza que adelantará las cantidades adeudadas por esos municipios, para posteriormente recuperarlo a través de la retención que se practica en la participación de los ayuntamientos en los ingresos estatales. Una orden ministerial fijará esta misma semana la cuantía de esas retenciones.
Pero, ¿qué pasa con las miles de empresas subcontratadas por las grandes constructoras e inmobiliarias que, debido al efecto dominó, también han acumulado un montón de facturas sin cobrar? En principio, el plan de pago a proveedores no especifica cómo actuar en este caso. Se habla de que cobrarán los licitadores de las obras, pero nada al respecto de cómo, a partir de ahí, canalizarían parte de lo percibido a esas subcontratas.
Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que engloba a más de un millón de empresas y a 1,5 millones de trabajadores, se está presionando para que el Gobierno acceda a poner en marcha un mecanismo transitorio que permita cobrar a estas empresas subcontratadas.
Una vez solventada esta laguna administrativa, desde la Plataforma se están dando los pasos para modificar la Ley de Contratos del Estado, de cara a precisar la relación entre contratista y subcontratados, haciendo constar en los pliegos que, en caso de subcontrataciones por parte de la empresa adjudicataria, esta deberá cumplir con los subcontratados de forma escrupulosa los plazos de pago que fija la propia ley.
Otra vía apoyada desde la Plataforma para perseguir a los morosos pasa, como sucede en muchos países de la UE, por imponer multas de 6.000 a 900.000 euros en función de la gravedad de la infracción o llegar incluso a decretar el cierre temporal de empresas.
