sábado, 20 diciembre 2025
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La Junta de Galicia estudia anular 120 licencias urbanísticas concedidas en Vigo en 2008

Santiago de Compostela. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, ha intervenido en el Pleno del Parlamento regional para informar de la concesión de 120 licencias urbanísticas en Vigo en el año 2008. Agustín Hernández advirtió que “podría darse una suspensión de los efectos de las licencias y una paralización inmediata de las mismas, de confirmarse una concesión irregular”.

El conselleiro explicó que cuando una persona que no tiene ninguna vinculación político – administrativa con la administración local firma la concesión de licencias urbanísticas, puede ocasionar la nulidad de las concesiones por lo que tendrían un carácter de “actos nulos” de pleno derecho; lo que significa que cualquier ciudadano podría exigir ante los órganos competentes el cumplimiento de la legislación urbanística.

Además de esto, estas concesiones conllevarían las siguientes consecuencias: la suspensión de los efectos de las licencias y la paralización inmediata de las obras por parte del alcalde así como la iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos administrativos presuntamente ilegales. Además, esta actuación tendría responsabilidades penitenciarias atendiendo a la reglamentación del Código Penitenciario.

En este sentido, y con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica, Hernández recordó que el alcalde de Vigo puede proceder a resolver el problema que él mismo ocasionó a través de la supresión de dichas licencias y la realización de una nueva tramitación.

Para los beneficiarios de las licencias concedidas de forma irregular, en este caso serían los perjudicados, la inseguridad jurídica vendría dada por el hecho de que en cualquier momento el Ayuntamiento puede realizar la revisión de oficio de las citadas licencias. Esta circunstancia agrandaría más la irregularidad por el hecho de que esta revisión puede ser instada tanto por el Ayuntamiento como por cualquier ciudadano, sin que se le exija un interés legítimo concreto.

Hay que destacar, con independencia de esto, que los beneficiarios de las licencias tendrían derecho a resarcir de los daños por responsabilidad patrimonial y las correspondientes indemnizaciones.

 

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