Málaga. Prosiguen las sesiones del juicio del ‘caso Malaya’ iniciado hace cuatro meses en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Ayer martes tocaba declarar agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en la Costa del Sol, en relación a las pesquisas relacionadas con la ‘operación Crucero Banús’ y, como previamente habían señalado compañeros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal y de Blanqueo (UDEF-BLA), no tuvieron la menor duda en indicar que José Antonio Roca, el que fuera asesor del Ayuntamiento de Marbella y principal acusado de la trama, “ejercía un control y utilizaba el urbanismo a la carta desde el año 2000”.
Ante estas acusaciones, la letrada de Roca se quejó de la emisión de las, a su juicio, “valoraciones generales”, aunque los inspectores insistieron en que esas manifestaciones respecto a Roca se han establecido a raíz de las investigaciones conjuntas del caso. Además, añadieron que, aunque había un regidor [el fallecido Jesús Gil], hubo “un alcalde de hecho, durante el tiempo de la investigación, que fue Juan Antonio Roca, una persona muy inteligente que sabe sacar provecho de todas sus situaciones y participa en todos los tramos del negocio. Es un gran vendedor y los demás sabían su influencia en el Ayuntamiento”, añadieron los agentes.
Respecto al ex alcalde Julián Muñoz, los inspectores dijeron que no hay “ninguna prueba en concreto” que constatara su implicación en el convenio de la ‘operación Crucero Banús’ más allá de que, como alcalde accidental, firmara el documento.
En el ámbito urbanístico, los investigadores han asegurado que el convenio no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, ya que, han explicado, entre otras deficiencias, que se cambia la calificación de comercial a residencial, se incrementa la edificabilidad, hay invasión de zonas para jardines o hay afectación de arbolada, aunque han añadido que tampoco se ajustaba al texto de revisión del planeamiento.
Respecto a la valoración, precisaron que había indicios “de un desfase entre la valoración de esos bienes inmuebles y la real del mercado”. “Detectamos que el precio de tasación del metro cuadrado que el tasador municipal establece sí era inferior al valor del mercado”, añadieron para, a renglón seguido, comentar el hecho de que un día antes de la ratificación del convenio, un informe del interventor municipal señalando anomalías.
