Madrid. El presidente y consejero delegado de FCC, Baldomero Falcones Jaquotot, será el primer presidente de la nueva etapa iniciada por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN). Los presidentes de las principales empresas que integran la asociación se turnarán anualmente en la presidencia y contarán con el apoyo del vicepresidente, Julián Núñez Sánchez, quien ha sido reforzado en su papel ejecutivo. La Junta Directiva decidió también el nombramiento como vicepresidente de Manuel Manrique en representación del Grupo Sacyr Vallehermoso.
Esta nueva etapa en SEOPAN se inicia después de que su Junta Directiva haya aceptado la renuncia como presidente de David Taguas, quien deja la asociación con el agradecimiento de todos sus miembros por la dedicación y profesionalidad demostrada en su gestión.
El desempeño del cargo de presidente dejará de estar remunerado. Es también propósito de las empresas asociadas racionalizar y simplificar su estructura y costes operativos, manteniendo y reforzando su representatividad e interlocución institucional como asociación sectorial con una implicación directa de sus miembros en la gestión.
SEOPAN fue creada en 1957. Está integrada por grupos y empresas constructoras de ámbito nacional e internacional que desarrollan su actividad en los campos de las infraestructuras, las concesiones, los servicios y el inmobiliario. Su facturación agrupada en 2011 superó los 67.000 millones de euros, representando el 6,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y ocupando a más de 400.000 trabajadores.
Generadoras de una gran actividad económica, las empresas asociadas consideran que la inversión en infraestructuras es un motor de crecimiento que mejora la competitividad de nuestra economía y por tanto, apoya la generación de empleo.
Recientemente, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a través de su comisión de concesiones y servicios, ha propuesto al Ejecutivo un plan quinquenal de infraestructuras, de 2012 a 2016, para impulsar la actividad económica en España, para lo cual es necesario un marco legal regulatorio que atraiga inversores internacionales que apuesten por nuestro país.
Este plan contempla una inversión de 80.600 millones de euros en infraestructuras de transporte y agua y en equipamientos sociales, generaría 480.000 empleos en sus dos primeros años y podría aportar un 1,3% al PIB al finalizar 2016.
