Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda concede ayudas por valor de 3,6 millones de euros a 521 municipios andaluces para la puesta en marcha de los registros municipales de demandantes de VPO. La Ley del Derecho a la Vivienda contempla esta figura como una herramienta clave para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio y ajustar consecuentemente la oferta.
Su creación y gestión son obligatorias por parte de los ayuntamientos, aunque para apoyarlos en esta labor y agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía publicó en 2009 una orden para regular estos incentivos y abrió a principios de este año una convocatoria para solicitarlos.
La orden que regula estos incentivos fija las ayudas en función de la población de las localidades, con una cuantía máxima de hasta 30.000 euros. El importe concedido se podrá emplear para costear tanto los gastos materiales como de personal necesarios en la puesta en funcionamiento de esta figura. Los beneficiarios de las subvenciones serán los ayuntamientos, o, en su defecto, las entidades locales u organismos supramunicipales que vayan a gestionar los registros.
El cálculo del coste de la implantación de estas bases de datos se ha efectuado gracias a las experiencias piloto llevadas a cabo en municipios de diferentes poblaciones y características a lo largo de los últimos meses.
Funcionamiento de los registros
Los registros municipales de demandantes de vivienda protegida no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino que también caracterizarán la demanda en función de las necesidades familiares: régimen al que opta el interesado (en venta o en alquiler), tipología de vivienda (si es adaptada o no), superficie y distribución del inmueble, etc. Asimismo, permitirán que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia.
En estas bases de datos podrán inscribirse todas las personas que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información contrastada y sistematizada, se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades.
Esas subvenciones se suman a la inversión económica que ha realizado previamente la Consejería de Obras Públicas y Vivienda tanto para desarrollar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los registros como para formar al personal municipal que la utilizará. Este programa informático permite cruzar datos de distintas administraciones (Ministerio del Interior, Hacienda, Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos.
Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción -que tiene una validez de tres años prorrogables- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.
La Junta ha elaborado, en colaboración con la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda Protegida (AVS), un modelo de ordenanza municipal de regulación de los registros que están aplicando los ayuntamientos a sus respectivos municipios.
