El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), formado por más de 500 profesionales, vuelve a dar la voz de alarma, esta vez para denunciar la proliferación en pisos de actividades ilícitas que antes eran residuales en nuestra comunidad autónoma.
Cocinas fantasma
La secretaria del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar, alerta del incremento de las llamadas «dark kitchens», «cocinas fantasma donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos inquilinos o propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad».
Muchos responsables de estos negocios ilícitos son profesionales que han tenido que cerrar sus establecimientos a causa de la pandemia o inmigrantes que cocinan recetas de sus países de origen o bocadillos en grandes cantidades, que luego distribuyen por toda la ciudad o entregan a los clientes directamente.
Además de ser una actividad clandestina que no cuenta con los permisos oportunos, la falta de instalaciones adecuadas y seguras ponen en riesgo a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios, sin olvidar los numerosos trastornos que ocasionan, como exceso de ruidos, trasiego excesivo de gente, olores y humos, generación de grandes cantidades de basura y atascos constantes en tuberías y desagües, provocados al tirar restos de comida por los fregaderos.
Lavanderías clandestinas
Otra actividad ilícita que está en auge provocada por la crisis económica es el lavado de ropa en cantidades industriales dentro de las viviendas. «Hemos visto casos de pisos con varias lavadoras o incluso trasteros con cinco o seis máquinas. Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día», denuncia la secretaria del Colegio, recordando que estas actividades tampoco se pueden realizar sin acondicionamiento previo y sin los permisos reglamentarios».
Además de lavanderías y cocinas fantasmas, los Administradores de Fincas también se están encontrando con otras actividades ilegales, como arreglo de coches en garajes privados que posteriormente se ponen a la venta, cultivo de marihuana y prostitución, esta última con un crecimiento exponencial.
Lentitud administrativa y miedo a represalias
«La razón de que estás actividades se sigan realizando con impunidad se debe a la lentitud administrativa y a que para denunciar se precisa del acuerdo previo de la junta de propietarios del edificio, algo que no siempre se produce», señalan desde la corporación, recordando además que, «si no hay pruebas fehacientes de que se está cometiendo un delito, es complicado probarlo». «El miedo a represalias del que comete la actividad delictiva también es otro factor que desanima a los vecinos a poner una denuncia», agregan.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas recuerdan que la colocación de cámaras de videovigilancia en los portales podría ser un elemento disuasorio para este tipo de negocios, pero el coste elevado es un obstáculo para su instalación. También insisten en que se precisa del acuerdo de la asamblea de propietarios para que las denuncias sean efectivas.
