El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha solicitado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que la obligatoriedad de instalar sistemas de contabilización individual en edificios con calefacción central tenga en cuenta las condiciones técnicas del inmueble.
Mediante Consulta Pública, el Ministerio ha sometido a la opinión de las instituciones y organismos afectados el Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, un capítulo de la Directiva Europea de Eficiencia Energética que tenía que haberse transpuesto al ordenamiento español y ser de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2017.
Sin embargo, es ahora cuando el Gobierno ha decidido reactivar esta medida, que, según calcula CAFMadrid, todavía no está implantada en un 70% de los edificios de la Comunidad de Madrid. «De transponerse completamente la Directiva, la implantación de los repartidores de costes de calefacción con las garantías necesarias para el consumidor no sería posible si no se establece en un plazo de tiempo escalonado de tres años», explica Manuela Julia Martínez, presidenta del CAFMadrid.
Para los administradores de fincas, «la empresa instaladora debe garantizar la instalación y el funcionamiento de los repartidores de costes durante, al menos, tres años, y que sea una Organismo de Control Autorizado (OCA) quien certifique la instalación realizada». Y consideran que, aparte de los repartidores de costes de calefacción, debe ser obligatoria la instalación de válvulas termostáticas y una adecuación del circuito hidráulico con la instalación de bombas de caudal variable.
Asimismo, y para no caer en la difícil lectura que tienen las facturas de luz y gas, según Martínez, «el contenido de la factura que emita la empresa lectora debería contemplar con detalle la justificación de la medición por cada uno de los contadores de calefacción, el importe de la unidad de medición y la gráfica con el histórico de consumo». «Sólo así los consumidores pueden conseguir ahorros de hasta un 20% y mejorar la eficiencia energética de sus viviendas», opina.
«Y si la máxima de esta futura norma es hacer un reparto más justo, ya que cada vecino paga solo lo que consume, la parte que no se distribuye por consumo individual y, por lo tanto, forma parte de la partida de gasto de la comunidad (combustible, mantenimiento, etc.), debe depender de la calificación energética del edificio, de la A a la G», señaló la presidenta del CAFMadrid.
