Nueva vía del Ayuntamiento de Barcelona para atajar el creciente problema de ciudadanos que, ante las dificultades para pagar la hipoteca o la renta de sus casas, se ven obligados a abandonar su residencia. Al respecto, se acaba de poner en marcha la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCBarcelona ER).
Un departamento que, con 13 personas, actuará de forma preventiva para detener desahucios y reforzará la aplicación de la ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.
Técnicos que responden a diferentes perfiles profesionales, y que negociarán con los propietarios de la vivienda, coordinarán los servicios municipales implicados y gestionarán las medidas necesarias para reducir los efectos que puede provocar la pérdida de la vivienda en caso de que se produzca finalmente.
Otra de los cometidos de esta unidad recién creada será el de ofrecer apoyo ante la imposición de multas a las entidades financieras y los grandes propietarios que dispongan de pisos vacíos.
La puesta en marcha de esta unidad preventiva contra los desahucios se ha conocido en el marco de la primera sesión del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona, en la que el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un informe de todas las acciones que ha llevado a cabo en materia de vivienda.
Así, en 2015 el consistorio de la Ciudad Condal compró, para cubrir estas necesidades sociales, 158 viviendas mediante una inversión de 17,3 millones de euros. De estas viviendas, trece procedían de procedimientos de ejecución hipotecaria y sobre ellas se ejerció el derecho de tanteo y retracto. En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, el pasado ejercicio se adjudicaron casi 600 con una inversión cercana a los 27 millones de euros.
Por lo que se refiere a las ayudas al alquiler, las más de 3.800 solicitadas requirieron de una dotación presupuestaria de 12 millones de euros.
Menos positiva está siendo para Barcelona la resolución del espinoso asunto de los apartamentos turísticos ilegales. Desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía solo ha sido posible cerrar 33 de estos inmuebles tras los 482 expedientes sancionadores abiertos contra inmuebles que operaban ilegalmente. Y se han revocado 400 licencias en que el titular del permiso no coincidía con el propietario del piso.
En la cruzada municipal contra esta práctica ilegal, el Ayuntamiento de Barcelona ha procedido contra 2.108 apartamentos turísticos, se han atendido más de 3.000 quejas de 2.400 alojamientos y se han inspeccionado 1.816 pisos sin licencia. De los 1.080 inmuebles que incumplían la normativa, solo 482 han sido sancionados.
