Reyal Urbis se agarra a la Audiencia Provincial para retrasar su liquidación

Reyal Urbis, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría, todavía no ha entrado oficialmente en liquidación. Está pendiente de lo que responda la Audiencia Provincial de Madrid al recurso interpuesto por la empresa contra el auto de inadmisión a trámite de la propuesta de convenio por parte del juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid. Pero sus números ya son de empresa a punto de cerrar.

Con una plantilla dedicada a la actividad inmobiliaria reducida a 39 personas, tras los dos ERE acometidos, los ingresos de este segmento resultan insignificantes, de tan solo 328.000 euros, con un margen negativo del 155%.

Importante reducción respecto al ejercicio 2015 en los ingresos por venta de inmuebles terminados, como consecuencia de la escasez de stock de producto en venta, y la no realización de operaciones relevantes de dación en pago de este tipo de producto, que son las que en los últimos años, desde la entrada en concurso de acreedores, mantenían alta la facturación.

El resto de las áreas actividad mantienen el tipo. La hotelera registra ingresos similares, si bien con mejora del margen bruto en más de un 23%, y se aprecia un ligero incremento de los ingresos de rentas por arrendamiento, en casi un 7% aproximadamente, pese a las desinversiones realizadas, con un incremento generalizado de la ocupación.

Aunque se contabiliza un empeoramiento en el margen bruto de esta actividad, resulta un tanto irreal, ya que se debe a la imputación temporal en el primer trimestre del ejercicio de los costes anuales devengados por tributos locales, conforme a normativa contable, que tuvo reflejo en el ejercicio pasado durante el segundo trimestre del ejercicio.

Por razones obvias, los costes de personal se reducen un 10% con motivo del expediente de regulación de empleo llevado a cabo durante los meses de febrero y marzo, que ha supuesto una reducción del 41% de la plantilla.

Por lo que al resultado financiero se refiere, sigue en negativo en línea al registrado un año antes, con una reducción del 2,6%, situándose en los 37,6 millones de euros. Evolución que tiene su explicación en la actualización de los tipos de interés para la deuda no financiera vinculada al tipo de interés legal del dinero y en la disminución del principal de la deuda por amortización de préstamos hipotecarios durante el ejercicio.

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