No ha cambiado nada en torno al concurso de acreedores en que el que, desde hace más de dos años, está inmersa la promotora inmobiliaria Reyal Urbis, pero sus responsables, con Rafael Santamaría a la cabeza, vuelven a barajar la posibilidad de que, después de un lustro sin promover el desarrollo de ninguna actuación, puedan volver a acometer, aunque sea a largo plazo, el desarrollo de nuevas viviendas.
Así al menos parece deducirse del comentario vertido en el informe correspondiente a las cuentas al cierre del primer semestre, en el que la sociedad asegura que «en el largo plazo se prevé la posible reactivación de la promoción residencial por lo que se incluyen en dicho plan proyecciones de realización de nuevas promociones con entrega de llaves previstas a partir del ejercicio 2022». Algo que supone, aunque no lo diga, que tendría que empezar la construcción de esas viviendas dos años antes.
Dando por buena esta posibilidad, que es mucho dar, cabría plantearse en qué suelos podría Reyal Urbis abordar estas promociones, toda vez que la mayoría de los terrenos entrarían a formar parte del reparto de bienes entre los acreedores contemplado en la propuesta de convenio.
Volver a promover es uno de los aspectos incorporados por Reyal Urbis en el plan de viabilidad que, junto al de pagos de 3.700 millones de deuda, forman la propuesta de convenio de acreedores presentada.
Propuesta que sigue pendiente de que Francisco Javier Vaquer, magistrado titular del juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, ‘ponga el huevo’ en relación a la admisión a trámite de la nueva propuesta de convenio de acreedores que la promotora presidida por Rafael Santamaría presentó el pasado 30 de marzo.
Admitir o no a trámite la propuesta no será lo único sobre lo que tenga que dictaminar el magistrado a la vuelta de las vacaciones estivales. También deberá responder al recurso de reposición presentado por Reyal Urbis contra el auto judicial, en el que no se permite aplicar el artículo 121.4 de la Ley Concursal. La que permite que una mayoría superior de adhesiones al 75% del crédito sindicado sirva para que el restante 25% esté obligado a aceptarlo.
Mientras tanto, Reyal Urbis sigue con una actividad condicionada a lo que estimen sus acreedores. Con un primer semestre de 2015 cerrado con unas pérdidas de 86 millones de euros, muy inferiores a los más de 435 millones de ‘números rojos’ registrados en junio de 2014. No porque de repente haya habido un inusual incremento de ventas, sino porque en esta ocasión no se han realizado las brutales dotaciones para cubrir las depreciaciones de existencias que se hicieron entonces.
Un repaso a los 60,5 millones de ingresos a junio de 2015 sirve para comprobar que, en el segundo trimestre, apenas se lograron 14,6 millones, el 30% del volumen de facturación cosechado entre enero y marzo.
La razón, que de abril a junio se redujeron los acuerdos con las entidades financieras en relación a las condiciones de financiación de determinadas promociones. A través de esta estrategia han llegado a las arcas de la inmobiliaria 41,6 de los 60,48 millones de ingresos obtenidos.
