La familia Nozaleda lleva siete años en un enconado litigio concursal, con enfrentamientos directos con el magistrado titular del juzgado 2 de lo Mercantil de Madrid y con los administradores concursales.
Un sinfín de recursos para evitar lo peor, que la inmobiliaria Nozar vaya a liquidación tras rechazar el juez la última propuesta de convenio de acreedores presentada.
Al final, casi un año después de que dicha propuesta fuera admitida a trámite, la presión de los acreedores ha resultado definitiva. Las entidades se niegan en redondo a aceptar quitas del 75% y esperas de 15 años, y sobre todo no se creen esa insostenible idea de Nozar de que en el futuro la justicia pudieran rescindir créditos por más de 300 millones de euros.
Así que, lo peor se avecina una vez que se resuelva el último recurso presentado por Nozar contra la negativa del juez a aceptar la propuesta de convenio.
Nozar fue declarada en concurso voluntario en 2009. En 2010 la Audiencia Provincial de Madrid instó a adecuar el concurso de la inmobiliaria de voluntario a necesario y el juez del mercantil, Andrés Sánchez Magro, además de declararlo como necesario, retrasó la fecha de declaración de concurso a 2008, año en el que un acreedor instó la medida.
A finales de 2013 Nozar presentó un convenio y logró adhesiones que representan más del 75% de los acreedores, entre ellas las de la Agencia Tributaria con casi 180 millones de deuda, pero las entidades financieras lo rechazaron de plano, al entender que la inmobiliaria no tiene capacidad financiera ni empresarial para mantener el negocio, por lo que no merecería un trato preferencial contemplado en la Ley Concursal para el caso de concursos de empresas cuya actividad incide directamente en la economía del país.
El juez también se ha pronunciado sobre la petición realizada por la inmobiliaria de retirar a los administradores concursales. La compañía lo había solicitado el pasado mes de noviembre, pero tampoco, en este caso, le ha sido otorgada la razón. Nozar reiteraba esta propuesta –ya lo hizo en 2013– por entender que los administradores nombrados por el juez persiguen la liquidación de la inmobiliaria y asegura que mantienen un comportamiento obstruccionista y hostil.
