El concurso de acreedores de la inmobiliaria Fergo Aisa tiene todos los ingredientes para resultar sonado. Ya es sabido que la empresa presidida por Carlos Fernández llevaba meses, bueno mejor años, eludiendo cumplir, como sociedad cotizada, con las obligaciones de facilitar cualquier información relevante acerca de su actividad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), especialmente referida a la económico-financiera trimestral.
Pues bien, ahora un primer avance del estado de la empresa, realizado, no sin pocas trabas, por parte de la administración concursal, viene a decir que Fergo Aisa no ha tenido actividad ordinaria desde el año 2009, y que, desde entonces, los únicos ingresos apuntados se refieren a los algo más de 20 millones de euros obtenidos en 2010 en varias operaciones de dación en pago, al canjear deuda por activos.
Fergo Aisa se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de julio, aunque tendrá que ser la juez la que determine la fecha real desde la que la insolvencia de la empresa es manifiesta. Se trata de algo parecido a lo que sucedió con la inmobiliaria Nozar.
Esa fecha, la que determinen los magistrados, será clave para determinar si existieron o no responsabilidades de quienes se sentaban en el consejo. Ante lo que pueda pasar, desde el juzgado se curan en salud y han declarado el embargo preventivo de casi 120 millones de euros para cubrir parte del pasivo de la empresa.
Más de la mitad del embargo lo debe asumir el propio Fernández, y en torno a los 12 millones cada uno de los cinco vocales. Si no prospera el recurso de reposición presentado por la empresa contra el auto del juzgado que abre la fase de liquidación, el fin de esta inmobiliaria parece inminente.
En 2010, la empresa perdió 169 millones de euros. En 2011 y 2012, ya sin actividad alguna, otros 160 y 60 millones de euros, respectivamente. Lo último que se conoce es que arrastra un pasivo cercano a los 300 millones de euros para los que solo cuenta con un activo, seguramente inflado, de algo menos de 190 millones.
La cotización de la inmobiliaria ya estaba suspendida desde el 20 de abril de 2012, cuando sus accionistas quedaron atrapados. Además, Aisa tiene a cientos de bonistas atrapados en productos financieros que el antiguo Bankpime, que también estuvo participado por Agrupació Mútua, colocó a sus clientes entre 2001 y 2006.